miércoles, 14 de marzo de 2018

GABRIEL Y LA PRISION PERMENTE REVISABLE

El caso del niño Gabriel Cruz y su desgraciado desenlace han concitado una enorme atención mediática y han generado una empatía de la población que he podido observar en personas cercanas. Largas colas ante el ataúd blanco, gente que salía del velatorio con lágrimas sinceras, es evidente que en este triste asunto había algo especial. Incluso el Congreso de los Diputados, antes del comienzo del Pleno celebrado este mismo martes, quedó un minuto en silencio en nombre de Gabriel.

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Es curioso constatar que hay casos que llegan a todo el mundo y otros que no. Sin duda, los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto. Quizá determinados factores especialmente emocionales que se reúnen en este trágico crimen lo hacen susceptible de atraer más atención que otros, más anodinos. La sonrisa del niño, con los dientes de leche; una madre extraordinariamente expresiva; la relación del padre con una persona de otra raza, que por lo visto tiene un pasado que ahora se airea con insinuaciones de todo tipo… todos son factores que han atraído el interés o incluso el morbo de los medios y de la gente.
Ayer mismo Pedro G. Cuartango citaba a Guy Debord en el ABC y destacaba que las sociedades modernas se caracterizan por el espectáculo, criticando la actuación de los medios en este asunto porque tratan de mantenernos permanentemente en vilo para lograr audiencia. Vivimos en la civilización del espectáculo, decía también Vargas Llosa en un pequeño libro así titulado, que fue objeto de un memorable diálogo entre el autor y el filósofo Lipovetski, teórico de la posmodernidad. Frente a la visión más catastrofista y elitista del peruano, que veía en el espectáculo una degradación de la alta cultura y un vacío de referentes espirituales, Lipovetski consideraba que la vida no es solo cultura y que, además, la cultura de masas ha dado mayor autonomía a los individuos, haciendo caer los megadiscursos, las grandes ideologías políticas, que los ponían dentro de un régimen estanco. Pueden ver aquí un resumen de la interesante polémica.
En realidad, estoy más bien con Lipovetski que con Vargas Llosa. Las cosas son como son y difícilmente la queja y el rasgado de vestiduras por la alta cultura van a cambiar la realidad. Ahora bien, lo que sí considero esencial es distinguir. Para mí, en el distinguir está el secreto de la civilización. Los hombres primitivos vivían en cuevas en las que todas las funciones humanas se mezclaban: desde la estabulación de los animales al sueño, pasando por la comida. La civilización comienza cuando empezamos a distinguir, a fijar un ámbito para cada cosa, cada uno con las condiciones necesarias para su buen desempeño: un cuarto para dormir, otro para los animales, otro para comer… hasta que llegamos a ciertas excentricidades fruto del excedente y el tiempo libre.
Pero la idea es aplicable a otras cosas: el otro día un buen amigo me proporcionaba una idea que me parece memorable, basada en la teoría de Walzer sobre las esferas de la justicia: la mayor corrupción está en aplicar las reglas de una determinada esfera a otra totalmente distinto. No podemos aplicar las normas de la amistad a las del trabajo, tampoco las del amor a las de los negocios. Y menos aún las normas del espectáculo -nos guste o no la cultura del espectáculo- a la justicia o a la legisferencia.
Esto viene a cuento de la vinculación más o menos explícita que se está produciendo entre estos desgraciados acontecimientos y la discusión política sobre la prisión permanente revisable, que está ahora sobre la mesa a cuentas de la proposición de ley del PNV que pretende la derogación de esta medida, introducida por el PP hace pocos años. No apliquemos las reglas de la empatía y de la emoción a la creación de las normas. La cuestión de la prisión permanente revisable abarca suficientes matices ideológicos, prácticos y jurídicos como para no ser resuelto de un plumazo. Sobrevuela en ella la sempiterna pregunta de cuál es la función de la pena. Sin duda, la función no es hoy solo la retributiva: hacer daño al malvado, darle lo suyo, que sufra como sufrió la víctima. En ese desarrollo civilizador, el Derecho ha sabido ir matizando. Quizá es el Derecho civil el que permite intentar –si se pudiera- reparar el daño causado. El penal tiene otras: la prevención general, es decir, el que la sociedad se dé cuenta de lo que pasa si se infringen las normas; y la prevención especial, es decir, que ese sujeto en particular se dé cuenta de lo que ha hecho y se rehabilite (prevención especial positiva) y, además, proteger a la sociedad de un criminal que puede reiterar su actuación delictiva (prevención especial negativa), alejándole de aquella mediante la privación de libertad o incluso con la cadena perpetua o la pena de muerte en algunos países. El artículo 25.2 de la Constitución toma partido y dispone que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”.
Es verdad que hay ciertos delitos o ciertas circunstancias en los que resulta más difícil pensar en la rehabilitación que en la reincidencia, quizá por estar basados en ciertas tendencias al parecer muy poco rectificables. ¿Cabría entonces una pena que no tenga un periodo fijo sino que se desarrollara en más o menos tiempo en función de que se obtuviera la reinserción efectiva? ¿Sería esto constitucional o más bien encubre una cadena perpetua encubierta? En la doctrina hay opiniones para todos los gustos. Presno Linera, por ejemplo, muestra  aquí sus dudas sobre la constitucionalidad de esta medida, teniendo en cuenta la doctrina del propio Tribunal Constitucional sobre la indeterminación de la pena cuando no hay límite máximo y la exigencia constitucional de que las penas se orienten a la reinserción. En cambio, Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho penal, no ve lógico aquí suprimir penas más leves, a pesar de su nombre, y mantener penas tan largas como las de 40 años, no revisables, y totalmente contrarias a la finalidad de reinserción. Señala además que es un error no hacer caso a la opinión pública, porque siempre hay casos problemáticos, y todos somos emocionales. Rodrigo Tena cuestionaba  aquí algunos elementos de la norma como el mantenimiento de la calificación de la peligrosidad durante un prolongado periodo de tiempo.
Se trata, pues, de una cuestión ciertamente compleja sobre la que caben diversas posturas que conllevan además un fuerte componente ideológico: la contraposición entre el principio de autoridad y orden y el principio compasivo y de solidaridad, tan presente en todos los debates públicos. Esto, como en otros temas importantes, debería mover al consenso y la transacción.
Lo malo es que en este asunto está presente un elemento evidente de oportunismo político: como sabemos, el Tribunal Constitucional tiene pendiente la resolución de esta cuestión, no obstante lo cual algunos partidos políticos desean su derogación inmediata (quizá ahora dudando de si su decisión es oportuna), otros incluir más delitos a los que se aplique la ley (quizá para aprovechar la ola mediática) y otros centrarse más en el cumplimiento íntegro de las penas en los delitos especialmente graves que en la prisión permanente revisable y en todo caso esperar a la resolución del Tribunal Constitucional (quizá con criterios no demasiado claros).
Es muy importante que no apliquemos las reglas de un ámbito otros y que nos demos cuenta de que las normas, y sobre todo aquellas que afectan a la libertad de las personas, no pueden ni deben hacerse a golpe de emoción, y menos de oportunidad política. Bienvenida sea la emoción y la cultura de masas, pero, como decía aquí el otro día, mantengamos las formas y los procedimientos: en esta esfera las formas son la  garantía de la justicia, con independencia de lo que nos parezca la cuestión de fondo. Mientras no entendamos esto, estaremos permitiendo la máxima corrupción de las normas. Como se decía en una memorable escena de “The Hateful Eight”, de Tarantino: “Y esa carencia de emoción es la esencia misma de la justicia, porque la justicia impartida con emociones siempre está en peligro de no ser justicia



7 comentarios

  1. Matilde Cuena Casas

    Matilde Cuena Casas Dice:

    Buen post querido Ignacio
    Yo desde luego me muestro a favor de la prisión permanente revisable (PPR) y no creo que pueda hablarse de “populismo punitivo” como se está haciendo en algunos medios. Hay asesinos que no son reinsertables y hay que asumirlo y muchas veces loables principios teóricos en la práctica no valen. Todo criminal es un enfermo, un psicópata y unos tienen cura y otros no, tal y como se explica aquí por expertos http://www.marisolcollazos.es/Criminologia-III/Crimi-III-1.html . Esa es la realidad a la que el Derecho penal debe dar respuesta. Quien quema viva a una persona, quien mata a un niño indefenso no tiene solución. Lo volverá a hacer y aquí hay datos REALES de personas que tardaron dos horas en volver a delinquir desde que salieron de prisión https://gaceta.es/reportajes/15-casos-niegan-reinsercion-26092014-1529/
    Ello no significa negar la finalidad de la pena como mecanismo de reinserción, sino que hay que ser realistas y lo cierto es que la regulación permite valorar casos concretos y por eso la medida es “revisable”. El mantenimiento a ultranza de esos principios que inspiran el Derecho penal no deben poner en riesgo a toda la sociedad. La medida me parece afortunada y disuade a las personas sanas de la comisión de delitos graves. Está claro que con los psicópatas no funciona, pero ello no puede llevar a convertir casos excepcionales en reglas y señalar que no hay efecto disuasorio.

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    • Juanjo González

      Juanjo González Dice:

      Tampoco yo tengo un juicio formado sobre la PPR, Y estoy de acuerdo en general con lo dicho por Fernando y también por Matilde.
      Un comentario marginal, Matilde: esa afirmación tan categórica de que “todo criminal es un enfermo, un psicópata” sencillamente no es verdad. Si no, todos los que delinquen -que eso quiere decir ser un criminal- estarían exentos de responsabilidad criminal ex art. 20 CP, o al menos se atenuaría la misma. Y leemos continuamente sentencias no de estafadores o defraudadores de hacienda -que también son criminales- sino de condenados por asesinato u otros delitos contra las personas a los que no se les aplican tales eximentes o atenuantes.
      El hecho de que nosotros pensemos que dichas acciones no las realizaría una persona “normal” no quiere decir que sean -desde el punto de vista clínico- unos “psicópatas” ni que estén “enfermos”. Hay gente que delinque con la cabeza fría, sabiendo lo que hace, por disparatado que nos parezca a muchos. Esta afirmación se la he oído o leído yo a médicos psiquiatras como Polaino Lorente, Enrique Rojas, o Enrique Baca Baldomero, que fue jefe de servicio de Psiquiatría en Puerta de Hierro. A Antonio García-Pablos de Molina, criminólogo famoso, o a médicos forenses como el Dr. Pera Bajo o García Andrade.
      Quizá Ana Julia Quezada sea una psicópata en el sentido médico de la palabra (ya se verá en el juicio), pero “todos los críminales” seguro que no.
      Enhorabuena a Ignacio por su post.
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  2. Fernando Gomá Lanzón

    Fernando Gomá Lanzón Dice:

    Magnífico post, Nacho. Y muy sugerente la teoría de Walzer, no es que sea malo, sino profundamente corrupto, el, en definitiva, descontextualizar las reglas, las normas, en definitiva, el Estado de derecho. No tengo opoinión formada sobre la PPR, pero sí sobre que la emoción desbordada es la receta para desbordar normas que nos protegen a todos…entre otras cosas, precisamente de esa emoción incontrolada.
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  3. Manu Oquendo

    Manu Oquendo Dice:

    Felicitar a Ignacio por el estupendo breve y decir que estoy de acuerdo con mi admirada Matilde acerca del PPR.
    Del texto de D. Ignacio me ha llamado mucho la atención este párrafo:………………………… “No podemos aplicar las normas de la amistad a las del trabajo, tampoco las del amor a las de los negocios. Y menos aún las normas del espectáculo -nos guste o no la cultura del espectáculo- a la justicia o a la legisferencia.”
    Tiene mucha miga porque si vivimos, –como sin duda es el caso–, en una sociedad con tal Fractura de Comportamientos, tan poliédrica y tan opaca, difícilmente podemos esperar grandes niveles de auténtica relación y realización humana en el transcurso de nuestras vidas.
    Realmente ¿sería tan difícil tener un comportamiento fraterno, respetuoso, afectuoso, equitativo y justo con todas las personas con las cuales entramos cotidianamente en relación sin desvirtuar nuestra función?.
    ¿Estamos condenados a ir por la vida “actuando” hasta tal punto?
    Sobre la cuestión de las emociones, que también toca Fernando, debemos recordar que a partir de principios de los 90 el Sistema occidental de poder social entra en una fase de Ingeniería Social en la cual se enfatiza con desmesura el desarrollo de los componentes Instintivos y Emocionales en detrimento de lo que de verdad nos hace humanos: El Cortex Pre-Frontal, el repositorio de nuestros procesos Lógicos y Racionales. https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_prefrontal
    Por qué el Sistema de Poder Social fomenta desde entonces una estrategia de conductas y reflejos que en términos evolutivos es sin duda Regresiva es cuestión…………………. bien reveladora.
    El Momento Emocional es ya Paroxístico con la masa exigiendo satisfacción y sangre.

    Las Pasiones deben ser adecuadamente sublimadas y dirigidas hacia objetivos sacrificiales inocuos.
    Saludos y gracias
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  4. Eduard Ariza

    Eduard Ariza Dice:

    He leído tu artículo con mucho interés y siento estar en desacuerdo. Precisamente como dices, no sirve de nada que la alta cultura se rasgue las vestiduras. Esto incluye en mi opinión a la “alta cultura” humanitarista. Mencionas las funciones de la prevención general y especial en la teoría de la pena. Pero a estas funciones podemos añadir la retributiva.
    Este es un planteamiento político que corresponde al legislador y a la sociedad. No es que no tenga límites, las penas deben ejecutarse con humanidad, pero no creo que “prevenir” sea la única función del derecho penal. Y en este punto creo que en primer lugar hay que analizar qué hacer con aquellos delincuentes -no digo que este fuera el caso- que no son rehabilitables. Ojo, seguramente su lugar no es la cárcel.
    En segundo lugar, debemos decidir cuáles son los criterios políticos que dentro de los límites democráticos se quieren dar a las penas. La mayor parte de la sociedad en este punto es retributiva.

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  5. Miguel Díaz

    Miguel Díaz Dice:

    Encuentro que los argumentos sobre la ejemplaridad y el sentido punitivo de las penas en estos casos de extrema gravedad se utilizan actualmente de manera un tanto extemporánea, más por tradición que otra cosa, y sesgan la valoración de estas medidas del lado de las personas contrarias a las mismas.
    Respecto a la ejemplaridad, cuanto más atrás nos alejamos en el tiempo, más incivilizada era la población en general y más razonable era esperar que recurriesen a la agresión, la violación o el asesinato. El mundo ha sido bastante brutal hasta hace relativamente poco, y hoy en día lo sigue siendo en muchas zonas del planeta. Pero pretender que hoy día, en una sociedad como la nuestra, resulta necesario, o incluso efectivo, meterle miedo a los ciudadanos con las consecuencias de estos actos extremos es completamente absurdo. A las personas civilizadas y honestas no nos hace ninguna falta. Simplemente no se nos pasa por la cabeza comportarnos de esta manera. A las personas verdaderamente peligrosas, los asesinos patológicos y las personas que cometen estos actos en un arranque de furia, no les disuade de nada, precisamente se caracterizan por no importarles o no pensar en las consecuencias de sus actos en el momento del crimen. Por lo tanto, hoy por hoy podemos prescindir del caracter preventivo de estas penas, creo que simplemente no existe. Si lo alegamos, esta será precisamente la razón que se aducirá contra nuestra opinión. El error es nuestro.
    Respecto al aspecto punitivo, puede tener sentido en delitos no demasiado graves, como los delitos económicos o el robo. Se trata de actos cuyas consecuencias siempre pueden revertirse y, por lo tanto, siempre es posible el perdón, la reinserción y el resarcimiento de la víctima. El castigo, en caso de que la víctima no sea resarcida, puede ser visto como una compensación suficiente. Pero en el caso de estos delitos gravísimos, el resarcimiento resulta imposible en modo alguno, lo que convierte en absurdo el concepto mismo de castigo. Estos actos no se pueden “pagar” de ninguna manera, y la venganza hace tiempo que ha desaparecido (afortunadamente) de los códigos de justicia.
    Si este tipo de delitos no pueden castigarse y la prevención por las penas es inoperante, la única razón que puede aducirse es la defensa de la seguridad y la integridad física de posibles futuras víctimas. Una vez que el estado, y, por extensión, toda la sociedad a la que representa, ha intervenido a una persona de peligrosidad extrema demostrada, se convierte de algún modo en responsable de sus actos, y esta responsabilidad es la que legitima a la ciudadanía para exigir medidas de protección excepcionales, no sus sentimientos.
    Creo que, si contraponemos los supuestos derechos pisoteados del criminal a los de las posibles futuras víctimas (que está demostrado que muchas veces se producen) no queda lugar a dudas sobre cuales deben prevalecer. El caracter de revisable hace que el delincuente pueda plantearse un cambio en su escala de valores y planteamientos vitales que un día lo saque de la cárcel y lo devuelva a la sociedad, y esto es bastante más de lo que, creo sinceramente que con bastante razón, muchos estamos dispuestos a concederles.
    Sinceramente, prefiero llevar sobre mi conciencia la permanencia en prisión de un criminal irredento, que una víctima inocente de ese mismo criminal por haberlo liberado sin habernos asegurado de su auténtica reforma.
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  6. Ignacio Gomá Lanzón

    Ignacio Gomá Lanzón Dice:

    Muchas gracias a todos por los interesantes comentarios que introducen matices de la máxima importancia. Respecto a lo que dice Matilde me gustaría apostillar que mi post no aboga claramente por ninguna solución sino que trata de resaltar la trascendencia y complejidad del tema. El demonio está en los matices, se suele decir. En todo caso, no comparto la frase de que “todo criminal es un enfermo”. Si fuera así la cuestión sería un problema de la Seguridad Social y no de Derecho penal.
    Con respecto a lo que dice el siempre profundo Manu, diría que mi apoyo a la distinción no lo es a la hipocresía, a la fractura de los comportamientos que menciona él, sino a una sana aplicación de la lex artis de cada disciplina. Es un clásico señalar que entre Poder, Moral y Derecho puede haber una relación de integración absoluta, de separación absoluta o de cierta integración, según la filosofía de cada uno. Yo soy moderadamente integrativo, pues reconozco una cierta autonomía a cada disciplina. Y creo firmemente en que la elaboración de las leyes y la justicia no debe estar basada en decisiones coyunturales o de oportunidad.
    Otra cosa es, y con esto trato de responder a los dos últimos comentarios de Eduard y Miguel, lo que sea conveniente para estos casos de personas irreprimibles, que seguro que las hay. No tengo la solución, pero si tengo claro que es una cuestión que afecta, quizá tangencialmente a principios esenciales del Estado de Derecho, a la seguridad jurídica. Recuerdo que estudiando la carrera, poco después de la transición, se criticaba la famosa ley de Vagos y Maleante, y posterior de peligrosidad y rehabilitación social, que no trataban de reprimir delitos sino prevenir la futura comisión de estos reprimiendo a sujetos peligrosos. Este tipo de normas desaparecieron porque se consideraron contrarias a un sistema democrático de estado de Derecho en el que únicamente se responde por lo que haces y no por lo que supuestamente puedas hacer. ¿Cómo ha de resolverse el problema de personas o de ciertos delitos tan graves? No tengo una respuesta clara, pero presumo que, una vez más, la solución está en los detalles, y siempre manteniendo una seguridad jurídica en cuanto a la extensión de la pena.

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