domingo, 11 de diciembre de 2016

MAXIMA ACUÑA Y AMNISTIA INTERNACIONAL

Acerca de Máxima Acuña de Chaupe
Maxima Acuna de ChaupeMáxima Acuña de Chaupe es miembro de la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida y de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM). La defensora de derechos humanos lleva más de 20 años viviendo en sus tierras, en el sector denominado Tragadero Grande, Sorochuco, Cajamarca.

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20 noviembre 2015
Allanamiento y destrucción de la propiedad de la defensora de derechos humanos Máxima Acuña de Chaupe
El 16 de noviembre de 2015, personas no identificadas, que se creen tratarse de trabajadores de la empresa minera Yanacocha, entraron en Tragadero Grande, la tierra de la defensora de derechos humanos Sra. Máxima Acuña de Chaupe.
Irrumpieron en su casa y destruyeron su cocina recientemente reconstruida.
La invasión ocurrió entre las 7:30 am y las 4:30 pm, mientras nadie se encontraba en la casa. Las personas no identificadas entraron en la propiedad de la defensora de derechos humanos sin autorización y destruyeron su cocina.
Este incidente le sigue a varios actos de hostigamiento y amenazas de la que la defensora de derechos humanos ha sido objeto. Máxima Acuña de Chaupe afirma estar siendo actualmente vigilada por las cámaras de seguridad instaladas por la empresa minera en las afueras de su propiedad. La defensora de derechos humanos recibió amenazas de muerte en febrero de 2014.
El año siguiente, el de febrero de 2015, tuvo la construcción preliminar de su nuevo hogar demolido y, además, dos días después, los empleados de la Minera Yanacocha intentaron desalojar Máxima Acuña de Chaupe y su familia de Tragadero Grande. Más recientemente, en agosto de 2015, Máxima Acuña de Chaupe reportó nuevas amenazas de muerte e intimidaciones.
Máxima Acuña de Chaupe y su familia son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 5 de mayo de 2014. Sin embargo, el Estado no ha cumplido con las medidas, ya que no ha tomado acciones que garanticen la seguridad y protección de la familia.
6 agosto 2015
intimidación y amenazas de muerte contra Máxima Acuña de Chaupe, defensora del derecho a la tierra
El 5 de agosto de 2015, la Sra Maxima Acuña de Chaupe reportó la llegada de un contingente de aproximadamente 30 policías, un miembro de la División de Operativos Especiales de la Policía Nacional de Perú (DINOES) armado y con un chaleco antibalas, y 50 comuneros, en particular de Chugurmayo, que se reunieron en el perímetro de su tierra.
Pocos días antes, el 30 de julio de 2015, había recibido una amenaza de muerte por parte de un empleado de la empresa minera Yanacocha, quien le dijo que 'la haría desaparecer'. La empresa minera ha instalado estratégicamente un puesto de vigilancia frente a la casa de la familia, mediante el cual el personal de la minera los vigila constantemente.
Sin embargo, la defensora sostiene que su familia nunca les concedió autorización o estuvo de acuerdo con esa venta. Máxima Acuña de Chaupe se ha convertido en una de las líderes más visibles de la oposición a esta mina a cielo abierto de oro y cobre, llamada Conga, y ha apoyado a personas que han sido desalojadas forzosamente como resultado del proyecto minero.
La empresa minera construyó una cerca en el límite de la tierra de Maxima Acuña y ahora tienen alpacas pastando en esta tierra vecina. Se han designado supuestos guardianes de las alpacas de forma permanente para observar la tierra y estas personas tienen una vista clara de la casa de la defensora de derechos humanos y su familia, que ahora se sienten sometidas a una vigilancia permanente. Fue uno de esos empleados de la empresa minera quien amenazó de muerte recientemente a Máxima Acuña.
Este no es el primer acto de intimidación que ha sufrido la defensora del derecho a la tierra. Previamente, Máxima Acuña de Chaupe recibió amenazas de muerte en febrero de 2014, cuando oficiales de DINOES intentaron desplazar forzosamente a la familia por la segunda vez, después de intentarlo anteriormente en 2011. Al año siguiente, el 3 de febrero de 2015, miembros de la DINOES y de la empresa de seguridad privada de la compañía minera Yanacocha, así como algunos de sus ingenieros, demolieron las construcciones preliminares del nuevo hogar que ella y su familia estaban construyendo en la propiedad. Más tarde, ese mismo mes, empleados de la compañía minera Yanacocha intentaron invadir la propiedad de Máxima Acuña de Chaupe.
La defensora de derechos humanos ha denunciado todos los incidentes ante las autoridades locales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Máxima y a su familia el 5 de mayo de 2014. A pesar de esto, el Estado peruano no ha tomado ninguna acción para asegurar la seguridad y protección de la familia.
11 febrero 2015
Acoso e intento de desalojo contra la defensora de derechos a la tierra Maxima Acuña de Chaupe y su familia
El 5 de febrero de 2015, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, alrededor de 200 empleados de la compañía minera Yanacocha intentaron invadir la propiedad de la defensora de derechos humanos y derechos a la tierra Sra Maxima Acuña de Chaupe. En estos momentos persiste la presencia de aproximadamente 80 policías armados que continúan vigilando el terreno. La compañía minera ha instalado un puesto de vigilancia frente a la casa de la familia, mediante el cual el personal de la minera los vigila constantemente.
Esta última tentativa de intimidación ha sucedido dos días después de la demolición de la construcción del nuevo hogar de la defensora de derechos humanos. La demolición sucedió tras la invasión ilegal a la propiedad de Máxima Acuña de Chaupe el 20 de enero de 2015 por 15 policías con armas y escudos acompañados por ingenieros del la compañía minera Yanacocha y personal de su seguridad privada, empleados por la empresa sueca SECURITAS. La defensora de derechos humanos ha denunciado todos estos incidentes, pero hemos sido informados de que las autoridades no han tomado acción alguna para proteger a Máxima Acuña de Chaupe y su familia.
El 17 de diciembre de 2014, la Corte de Justicia de Cajamarca falló a favor de Máxima Acuña de Chaupe y su familia declarándolos inocentes frente al delito de invasión de terrenos, del cual les acusaba la compañía minera Yanacocha. Sin embargo, la minera sostiene que la defensora de derechos humanos y su familia están ocupando la propiedad ilegalmente, y que la y demolición se hicieron “en defensa de sus derechos y en estricto cumplimiento de la Ley”. En agosto de 2011 y febrero de 2014, Máxima Acuña de Chaupe y su familia fueron víctimas de un intento de desalojo forzado y en varias ocasiones han recibido amenazas de muerte.
5 febrero 2015
Demolición del anteproyecto de construcción del nuevo hogar de la defensora de derechos a la tierra Sra Máxima Acuña de Chaupe
El 3 de febrero de 2015, aproximadamente 200 personas entraron ilegalmente en el terreno propiedad de la defensora de derechos humanos Sra Máxima Acuña de Chaupe y demolieron el anteproyecto de construcción del nuevo hogar que ella y su familia construían en la propiedad. Presuntamente, miembros del grupo, que incluía empleados de la División de Operativos Especiales de la Policía Nacional de Perú (DINOES) y de la empresa de seguridad privada de SECURITAS de la compañía minera Yanacocha, así como algunos de sus ingenieros, dispararon armas.
Aproximadamente a las 9:00 horas, el grupo armado entró a la propiedad de la defensora de derechos humanos sin autorización y demolieron el edificio, que se construía a algunos metros de la residencia actual de Máxima Acuña de Chaupe. No hubo presencia de un fiscal y no se presentó una orden autorizando la acción.
La demolición sigue la decisión de la Corte de Justicia de Cajamarca del 17 de diciembre de 2014, la cual confirmó que Máxima Acuña de Chaupe fue la legítima propietaria del territorio. Sin embargo, la compañía minera Yanacocha mantiene que la defensora de derechos humanos está ocupando la propiedad ilegalmente, y que la demolición e invasión se hicieron “en defensa de sus derechos y en estricto cumplimiento de la Ley”. Anteriormente, en febrero de 2014, Máxima Acuña de Chaupe y su familia fueron víctimas de un intento de desalojo forzado y de amenazas de muerte.
8 agosto 2014
La defensora de derechos humanos Sra Máxima Acuña de Chaupe y familia reciben sentencia de prisión suspendida y ordenados a pagar daños
El 5 de Agosto de 2014, la Sra Máxima Acuña de Chaupe y tres miembros de su familia fueron sentenciados por cargos de “usurpación agravada” por el Juzgado Unipersonal de Celendín, a prisión suspendida por dos años y ocho meses. Máxima Acuña de Chaupe también deberá pagar los costes del proceso y una reparación civil de 5.500 Soles (1500€) por los daños ocasionados a la empresa minera Yanacocha. El juez también ordenó que la familia debe salir de las tierras en disputa. La abogada de la familia Acuña de Chaupe, la Sra Mirtha Vasquez Chuquilín, presentó un recurso de apelación en segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia de Cajamarca.
Máxima Acuña de Chaupe se ha convertido en símbolo de la lucha comunitaria local contra el proyecto Conga. Debido a la resistencia a la empresa minera y su papel opositor al proyecto minero, Máxima Acuña de Chaupe ha sido blanco de amenazas, asaltos y destrucción de su propiedad, además de actos de violencia física contra ella y su familia. En febrero de 2014, Front Line Defenders emitió una alerta urgente ante las amenazas de muerte contra Máxima Acuña de Chaupe. El 5 de mayo de 2014, le fueron otorgadas medidas cautelares a la familia Chaupe por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. Previamente, Maxima Acuña de Chaupe asistió a un Foro de Derechos Humanos en Bruselas en defensa de los derechos de la tierra de su comunidad
Entre el 21 y 24 de julio, miembros de la familia Chaupe enfrentaron una serie de ataques. Según información recibida, el marido de Máxima Acuña de Chaupe recibió amenazas de muerte por un grupo de policías y funcionarios que entraron en las tierras.
29 mayo 2014
Medidas cautelares a 46 líderes campesinos e integrantes de las Rondas Campesinas de Cajamarca
El 22 de mayo de 2014, se cumplió el plazo para que el Estado peruano responda a la cocesión de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin que se haya emitido un comunicado oficial a las comunidades, sus representantes, tal y como ordena el organismo internacional.
El 19 de mayo de 2014, las comunidades de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc-Bambamarca, junto con las Rondas Campesinas, que fueron las beneficiarias de la orden de medidas cautelares de la CIDH, enviaron una carta al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía Especial para Temas Supranacionales pidiendo el debido cumplimiento del Estado ante la resolución de la CIDH.
El 5 de mayo del 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares a 46 personas defensoras de los derechos humanos líderes de las comunidades campesinas y de las Rondas Campesinas de Cajamarca, en vista del patrón de amenazas, hostigamiento y actos violentos que han sufrido en su trabajo de protección de los derechos humanos. Asimismo, la Comisión descubrió que no existe evidencia clara de que -a la fecha- Perú haya tomado las medidas indicadas. La CIDH también afirmó que, a la luz de la controversia sobre las posibles violaciones de los derechos humanos relativas a los proyectos mineros locales, las tierras ancestrales de las comunidades fueran también objeto de una orden de protección.
Esta decisión responde a una solicitud de medidas cautelares formulada por la Asociación Interétnica de la Selva Peruana AIDESEP, Confederación Campesina del Perú - CCP, Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería - CONACAMI y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP.
Los/as defensores y defensoras de derechos humanos trabajan por la protección de los derechos de los habitantes de la región en el contexto del desarrollo de un proyecto minero, que se espera que tendrá un serio impacto ambiental y social. Los miembros de los grupos han sido víctimas de difamación, hostigamiento, amenazas, ataques, robos, detención arbitraria, hostigamiento judicial y homicidios como consecuencia de su labor pacífica y legítima. Algunos de ellos han debido comparecer en alguno de los más de 40 procesos judiciales, la mayoría de ellos desestimados o sobreseídos, acusados de delitos tales como obstrucción, resistencia a la autoridad o usurpación, violación de propiedad privada, daños, disturbios o terrorismo.
La CIDH destacó la importancia de la labor de los/as defensores y defensoras de los derechos humanos y la necesidad de protegerles. De acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión ordenó a Perú a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de todas las personas defensoras mencionads en la solicitud. Además, se requirió que el Estado consulte con las personas en cuestión en cuanto a la decisión de las medidas a adoptar, así como que informe dentro de un plazo de 15 días acerca de qué medidas se tomaron. Para terminar, se ordenó al Estado reportar sobre la investigación de los actos que originaron la necesidad de medidas cautelares, con el fin de evitar sucesos similares en el futuro.
La CIDH cita específicamente declaraciones en cuanto a la violencia que tuvo lugar durante algunas de las protestas, los intentos de desplazamiento de la familia Chaupe, y las amenazas y actos de violencia contra el periodista y defensor de los derechos humanos Sr. César Estrada Chuquilín. Estos hechos habrían sido cometidos fundamentalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del estado y de la seguridad privada de la empresa minera. La Sra. Máxima Acuña de Chaupe es parte de una disputa de tierras con una empresa minera que reclama haber adquirido esas tierras en Cajamarca. La defensora ha sido objeto de amenazas, allanamientos y destrucción de su propiedad y violencia física, tanto contra ella misma como contra su familia. César Estrada Chuquilín es periodista, y ha informado sobre la disputa de tierras relativa a la familia Chaupe. Cesar Estada fue agredido, además que le confiscaron sus pertenencias tambien en otras ocasiones,. El periodista también ha sido víctima de difamaciones. El 21 de febrero de 2014, se le notificaron cargos en su contra presunto robo e irregularidades financieras. Ese mismo mes, su padre fue amenazado por la tarea que él desarrolla.
7 febrero 2014
Intento de desalojo forzado y amenaza de muerte contra, la defensora de derechos humanos Sra. Máxima Acuña de Chaupe y su familia
En la mañana del 4 de febrero de 2014, 18 agentes de la División de Operativos Especiales de la Policía Nacional de Perú (DINOES) entraron en la propiedad de la defensora de derechos humanos la Sra Máxima Acuña de Chaupe en Tragadero Grande con el fin de paralizar sus cultivos y desalojar a todos aquellos presentes. El 30 de enero de 2014, la defensora había recibido una llamada amenazante.
El 4 de febrero de 2014, 18 agentes del DINOES llegaron en tres camionetas con el fin de bloquear los cultivos de Máxima Acuña de Chaupe y su familia. El intento de desalojo forzado se suma a los hechos sucedidos el 30 de enero de 2014; ese día a las 10.30 de la mañana la defensora recibió una llamada amenazante , durante la cual le dicen “Sal de su propiedad, si no, vas a morir”. Dos horas mas tarde, mientras ella y su hija cuidaban de sus cultivos, dos oficiales de DINOES entraron en su tierra y les dijeron que no deberían cultivar porque aquella no era su propiedad. Dos agentes más estaban parados en el perímetro de su tierra y cuatro estaban dentro de dos camionetas estacionadas fuera de la casa. A mediodía un policía y un agente armado de DINOES entraron en la casa de Máxima y anunciaron que todos tenían que irse inmediatamente. Finalmente, al ver que Máxima Acuña de Chaupe estaba llamando a la radio local ‘Radio Lider’, los oficiales se retiraron.
El 19 de enero de 2014, la familia Bolañios fue desalojada forzosamente de su hogar por agentes del DINOES en Tragadero Grande. El 26 de enero de 2014, Máxima Acuña de Chaupe fue amenazada por su vecina, quien es conocida como partidaria del plan Conga. Hemos sido informados de que el esposo de dicha vecina es presidente de la comunidad local y que había estado difundiendo información al efecto de que la defensora sería desalojada muy pronto.
Máxima Acuña de Chaupe y su familia han sido objeto de monitoreo y grabaciones de vídeo por personas que afirmaban ser ingenieros de la compañía minera Yanacocha. El hogar de la familia fue destruido dos veces, en mayo de 2011, y de nuevo en agosto del 2011. El 10 de agosto de 2011, ella y su hija fueron golpeadas por la policía hasta perder la conciencia. El 22 de mayo de 2012, agentes de seguridad del Estado trataron de desalojarla de sus tierras y, en los sihuientes días, Yanacocha inició procedimientos legales en contra de la familia. El 30 de enero de 2013, sesenta agentes del DINOES destruyeron el campamento de los “ronderos”, quienes les ofrececían su apoyo, y mataron a muchos animales de la familia. El 29 de octubre de 2012, la familia recibió una sentencia suspendida de tres años y fue ordenada a pagar una multa a la compañía, un juicio declarado nulo y sin valor en una apelación del 2 de agosto de 2013, por errores de ley y hecho, y por ignorar evidencia favorable a la familia. Sin embargo, el proceso sigue en desarrollo.

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