Lima. El gobierno peruano aprobó este miércoles la ley de "muerte civil" para los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción, anunció el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Fernando Zavala.
"Muerte civil (pérdida de derechos civiles) lo hemos aprobado hoy en Consejo de Ministros y se va publicar en las próximas 24 horas", subrayó Zavala durante una rueda de prensa poco después de participar en la reunión ministerial.
El presidente del Consejo de Ministros aclaró de manera categórica que con esta nueva ley, todos los funcionarios gubernamentales que incurran en actos dolosos en contra de la administración pública no volverán a trabajar en el Estado.
Las pérdidas económicas que generan los actos de corrupción en Perú alcanzan unos US$3.570 millones anuales, lo cual afecta el desarrollo del país.
Entre las medidas aprobadas en el marco de las facultades extraordinarias otorgadas por 90 días al gobierno del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se incluye la presentación de un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
"También hemos señalado que la pena accesoria de los delitos como colusión, cobro indebido, peculado de uso, doloso, culposo y demás comprendidos en el capítulo de penas por delitos contra la administración pública sean susceptibles de inhabilitación perpetua cuando sea contra el patrimonio del Estado", subrayó.
La "muerte civil" de los funcionarios que cometan actos de corrupción es una iniciativa del presidente peruano, la cual está acompañada de otras cuatro medidas como la reorganización del despacho presidencial, evaluación de los ministerios, convocatoria de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo.
Al respecto, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, dijo que la medida adoptada por el gobierno peruano es una decisión correcta que contribuirá de manera eficiente en la lucha contra la corrupción.
Távara precisó que el Estado adopta las medidas necesarias para protegerse de los malos funcionarios, todo en el marco de las leyes y los derechos ciudadanos.
Los principales voceros de los partidos políticos del país respaldaron también esta norma.
De acuerdo con la Contraloría General de la República, los actos de corrupción en Perú representan pérdidas económicas anuales cercanas al 2% del Producto Interno Bruto.