viernes, 5 de agosto de 2016

LA RESPONSABILIDAD PENAL



I. CONCEPTO

Podemos definir la responsabilidad penal o criminal como el deber jurídico que se impone a un individuo imputable de responder de su acción antijurídica prevista en el Código Penal como delito, de la que es culpable, debiendo sufrir sus consecuencias jurídicas.

Bien es cierto que el concepto de responsabilidad penal no es exactamente el mismo que el concepto de responsabilidad criminal. Como veremos, la responsabilidad penal queda excluida por el juego de determinadas circunstancias que, de concurrir, conllevan la no imposición de una pena al individuo; son las eximentes de responsabilidad del artículo 20 del Código Penal. Sin embargo, esa exclusión en ocasiones puede no ser total pues cabe la posibilidad de que algunas de estas circunstancias eximan de la pena pero no de medidas de seguridad, de modo que no estaría el sujeto sometido a responsabilidad penal pero sí a una consecuencia de su hecho por su carácter peligroso, como es una medida de seguridad. Y ello a pesar de que el Código Penal comienza su artículo 20 estableciendo que las causas que enumera a continuación eximen de “responsabilidad criminal”, lo que, como vemos, no es del todo exacto.

Como supuesto de exención de responsabilidad penal pero no criminal estaría, por ejemplo, la eximente de trastorno mental del artículo 20.1º del Código Penal. Si el sujeto comete una conducta prevista en el Código Penal como delito pero es inimputable por carecer de la inteligencia y/o voluntad necesaria para comprender la ilicitud del hecho o para obrar conforme a esa comprensión por su enfermedad mental, no se le impondrá una pena, no tendrá responsabilidad penal, pero dada su alta peligrosidad se le impondrá una medida de seguridad de internamiento (artículos 95 y 96 del Código Penal), de modo que sí quedará sometido a una responsabilidad por su crimen, estará sometido a una responsabilidad criminal sufriendo una consecuencia distinta a la pena.



II. FUNDAMENTO

Varias teorías se han elaborado históricamente para buscar el fundamento último de la responsabilidad penal. Como aproximación inicial hemos de considerar que el hombre imputable es un hombre consciente, libre y que actúa movido por su voluntad, la cual permite al individuo comportarse de modo distinto. A partir de aquí las teorías elaboradas al respecto pueden clasificarse así:

a) Para la escuela clásica, que tiene su anclaje en la Edad Media y fue elaborada por los teólogos de aquel tiempo, esta responsabilidad se basaba en el libre albedrío de la persona y en la responsabilidad moral.
b) El positivismo niega el libre albedrío del individuo dado que vive en sociedad, donde está limitado, de modo que si está determinado a cometer un delito la sociedad tiene que defenderse ante ese comportamiento y ante la temibilidad del sujeto, que habrá de responder por ello. El fundamento de la responsabilidad criminal sería, entonces, la responsabilidad social. Es la doctrina del determinismo.
c) Entre el libre albedrío clásico y el determinismo positivista, algunos autores buscaron posturas intermedias como Von Liszt, que fundó la responsabilidad penal en la facultad de obrar normalmente, u otros autores que llevaron la responsabilidad penal, además de a la responsabilidad social, a la capacidad para sentir la coacción psicológica de la amenaza.
d) En la doctrina española se considera (por ejemplo Quintano) que los conceptos de libre albedrío y determinismo tienen un carácter metafísico que desbordan lo jurídico. Para esta doctrina lo importante es que el creerse libre por el sujeto, por el legislador y por la comunidad equivale a serlo ante la realidad del Derecho.



III. EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Hecha esta precisión terminológica, y volviendo a la definición inicial, de dicho concepto podemos destacar una serie de requisitos de nacimiento de la responsabilidad criminal o penal, que tienen su contrapartida en la existencia de unas causas previstas en la Ley que impiden la apreciación de la existencia del requisito, y por tanto impiden el nacimiento de la responsabilidad penal. Estos requisitos (y su negación) son los siguientes:

1. Imputabilidad

La imputabilidad es un requisito previo a la acción y podemos definirlo como la aptitud de poder cometer un delito y soportar su consecuencia. Para ello el individuo tiene que tener inteligencia y voluntad como para que, abstractamente y potencialmente, le sea atribuida una conducta que pueda realizar. Precisa, pues, capacidad para comprender lo injusto del hecho y capacidad de dirigir su comportamiento y acción conforme a dicha comprensión. En un aspecto negativo el sujeto sería inimputable cuando concurran causas que enerven esas capacidades, como es el caso de tener alterada la percepción desde el nacimiento o la infancia alterando gravemente la conciencia de la realidad, estar enajenado, o padecer un trastorno mental transitorio. En el actual Código Penal aprobado en la Ley 10/1995 de 23 de noviembre, en su artículo 20, están previstas estas causas que eliminan la imputabilidad como causas que eximen la responsabilidad criminal en los apartados 1º, 2º y 3º.

2. Tipicidad

Presupuesta la imputabilidad, es necesario que el sujeto realice una acción, es decir, un comportamiento activo o conducta guiada por la voluntad que produce una determinada consecuencia en el mundo exterior, u omita un hacer esperado. Además es necesario que esa acción u omisión esté prevista en el Código Penal como delito o falta, es decir, que sea típica. Excluye la acción lo que en el Código Penal anterior al actual de 1995 se conocía como la eximente de “fuerza irresistible”, y que hoy tiene su encuadre en la exigencia de acción u omisión que el artículo 10 del Código Penal prevé para que haya responsabilidad penal, que faltaría si alguien es presa de esa fuerza irresistible. A esta habría que equiparar los supuestos de falta de conciencia o de control cerebral. También excluiría el tipo el caso fortuito, es decir aquel suceso en el que no existe actuación dolosa o imprudente del sujeto, no pudiendo responderse penalmente si no hay dolo (intención) o al menos imprudencia (descuido), tal como dispone el artículo 5 del Código Penal.

3. Antijuridicidad

Que la acción u omisión sea antijurídica significa que hay una oposición entre estas y la convivencia social, pues esa acción u omisión es dañosa para la sociedad. En sentido negativo no existirá antijuridicidad cuando la acción está justificada, es decir, está ausente el injusto en lo realizado. El Código Penal prevé como causas que excluyen la antijuridicidad, el ejercicio legítimo de un derecho oficio o cargo, u obrar en el cumplimiento de un deber y el estado de necesidad (cuando el bien sacrificado para salvar otro sea de inferior valor al salvado) en sus respectivos apartados 4º, 5º y 7º del artículo 20 CP.

4. Culpabilidad

Una vez que tenemos un individuo imputable, es necesario también que sea culpable. El inimputable es psicológicamente incapaz, mientras que el inculpable es plenamente capaz pero en el caso concreto no se le puede reprochar su acción u omisión por haber incurrido en un error o porque en la situación planteada no se le puede exigir otro modo de actuar.

El Código Penal estatuye claramente el principio de culpabilidad, en su aspecto positivo, en el artículo 5 CP cuando establece que no hay pena sin dolo o imprudencia. Su versión negativa está en la previsión en el Código de causas de inculpabilidad, como son el error regulado en el artículo 14 del Código Penal, la minoría de edad penal prevista en el artículo 19 del Código Penal (sin perjuicio de quedar sometido a otra responsabilidad que es la derivada de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero de responsabilidad penal de los menores, (véase “Responsabilidad penal del menor”), o causas de exculpación como el miedo insuperable previsto en el artículo 20.6º CP, o el estado de necesidad del apartado 5º de ese mismo precepto cuando los bienes en comparación (bien sacrificado y bien salvado) tengan el mismo valor.

IV. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

A diferencia de las causas de exención de la responsabilidad penal que hemos visto, que son las eximentes de responsabilidad, el Código Penal prevé una serie de causas que extinguen la responsabilidad penal e incluso criminal (extingue la posibilidad de la pena e incluso de cualquier otra consecuencia criminal como son las medidas de seguridad), que se diferencian de las anteriores, por tanto, en que en este caso la responsabilidad criminal ha nacido, pero por una serie de causas, basadas en razones de personalidad de la pena (muerte del reo), en razones de limitación de las consecuencias del delito y de reinserción social (cumplimiento de la pena o remisión definitiva de la pena), de equidad (indulto), de falta de interés público (perdón del ofendido), o de seguridad jurídica (prescripción de la infracción o de la pena), la responsabilidad criminal termina y no puede ser exigida.

Estas causas están previstas en el artículo 130 del Código Penal y son las siguientes:

1º La muerte del reo.
2º El cumplimiento de la condena.
3º La remisión definitiva de la pena, una vez transcurrido el plazo de suspensión de la ejecución sin haber delinquido de nuevo (véase “Remisión condicional de las penas”).
4º El indulto.
5º El perdón del ofendido, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias del agraviado o la ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto el juez o tribunal sentenciador deberá oír al ofendido por el delito antes de dictarla.
En los delitos contra menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, los jueces o tribunales, oído el Ministerio Fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquéllos, ordenando la continuación del procedimiento, con intervención del Ministerio Fiscal, o el cumplimiento de la condena.
Para rechazar el perdón a que se refiere el párrafo anterior, el juez o tribunal deberá oír nuevamente al representante del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
6º La prescripción del delito.
7º La prescripción de la pena o de la medida de seguridad.

V. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

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