domingo, 24 de enero de 2016

MODELO DE SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL

MODELO DE SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL


HUANTA, ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

RESOLUCIÓN NÚMERO: CUATRO.

VISTOS Y OIDA: La presente causa en audiencia pública:

1. IDENTIFICACION DEL PROCESADO:

SANDRO LOPEZ GUADALUPE, identificado con documento nacional de identidad número 28864598, natural de Huanta, domiciliado en Caserío La Vega – Ayacucho, soltero, de treinta y un años de edad, nacido el día diez de septiembre de mil novecientos ochenta, hijo de don Julio Lopez y Margarita Guadalupe, grado de instrucción: cuarto año de secundaria, agricultor, no registra antecedentes penales.

2. PRETENSIÓN PUNITIVA:

Mediante acusación fiscal el Ministerio Público formalizó su pretensión punitiva, mediante la atribución de los hechos, calificación Jurídica y petición de pena que a continuación se indican:

2.1. Teoría del caso de la fiscal.- En el alegato preliminar la Fiscalía señaló que ante el Juzgado de Paz Letrado de Ayacucho se tramitó el proceso número 566-2010, sobre alimentos, en el cual se fijó una pensión alimenticia de trescientos nuevos soles mensuales, a cargo del acusado y a favor de los menores agraviados.

Arguye la Fiscal que practicada la última liquidación de pensiones alimenticias devengadas, ésta ascendió a la suma de mil ochocientos setenta y nueve nuevos soles, la misma que fue aprobada mediante resolución judicial número trece, de fecha diecisiete de Mayo del año dos mil doce, la cual fue debidamente notificada al acusado; sin embargo, el procesado no ha cumplido con cancelar la deuda alimentaria.

2.2. Calificación jurídica.- El supuesto fáctico antes descrito ha sido calificado jurídicamente por la fiscalía como delito de omisión a la asistencia familiar, en su modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria, tipificado en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal.

2.3. PETICIÓN DE PENA El Ministerio Público solicitó por ello se le imponga DOS años de pena privativa de libertad, más la suma de DOSCIENTOS nuevos soles por concepto de reparación civil.

3. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA.

3.1. Teoría del caso de la defensa. Por su parte el abogado defensor informó que previamente ha conferenciado con la representante del Ministerio Público y han llegado a un acuerdo respecto de la pena y la reparación civil, por lo que solicitó la conclusión anticipada del juicio.

3.2. Posición del acusado.

Se le informó al acusado de sus derechos y posteriormente se le preguntó si admitía ser autor o participe del delito materia de acusación, quién contestó que si admitía los cargos.

Luego la Fiscal sustentó el acuerdo celebrado en los términos siguientes:

ACUERDO:

Se acordó una pena de dos años de pena privativa de la libertad; la misma que debe ser reducida en un séptimo, en virtud del acuerdo plenario No.5-2008/CJ-116, IV-Pleno jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial de la Corte Suprema, suspendida en su ejecución, por el periodo de prueba de un año y la imposición de las reglas de conducta señaladas en el artículo cincuenta y ocho del Código Penal.

Respecto al pago de las pensiones devengadas ascendentes a mil ochocientos setenta nueve nuevos soles, se acordó que se pagará de la siguiente forma:

En la fecha el acusado amortiza la suma de ochocientos setenta y nueve nuevos soles; y el saldo en tres cuotas mensuales, las dos primeras de trescientos cincuenta nuevos soles y la ultima de trescientos nuevos soles, cuyas fechas de pago serán los días treinta de Enero, veintiocho de Febrero y treinta de Marzo del año en curso.

Finalmente se acordó un pago de doscientos nuevos soles por concepto de reparación civil, los cuales serán cancelados de la siguiente forma:

En la fecha amortiza la suma de cine nuevos soles y el saldo el día treinta de Marzo del año en curso.

Habiendo concluido el debate, el Juez, comunicó la aprobación del acuerdo y suspendió la audiencia para el día once de Enero del año en curso, a las ocho horas con quince minutos, a fin de dar lectura a la sentencia de conformidad, con las partes que asistan a las mismas; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: El delito de omisión a la asistencia familiar, en su modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria, previsto y sancionado en el artículo 149, primer párrafo, del Código Penal, se configura cuando el agente omite su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial.

SEGUNDO: De lo expuesto anteriormente se tiene que el bien jurídico en el delito de omisión a la asistencia familiar, en su modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria es el deber de asistencia, auxilio o socorro que tienen los integrantes de una familia entre sí. El sujeto activo es cualquier persona que tenga una obligación de prestar una pensión alimenticia fijada previamente en una resolución judicial. El sujeto pasivo es la persona a cuyo favor se le ha asignado una pensión alimenticia en una resolución judicial. El presente delito es uno de omisión propia, en el cual la norma de mandato es el cumplimiento de la obligación que pesa sobre el sujeto activo de cumplir con sus deberes de asistencia contenidos en una resolución judicial. Respecto al tipo subjetivo, es un delito doloso, por lo cual se requiere que el agente tenga pleno conocimiento de la resolución judicial que contiene la obligación alimentaria

TERCERO: Habiendo el acusado juntamente con su abogado defensor, celebrado un acuerdo con la Fiscal, respecto a la aplicación de un año, ocho meses y diecisiete días de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, por el periodo de prueba de un año, asimismo respecto al pago de doscientos nuevos soles por concepto de reparación civil, lo que significa la aceptación libre y voluntaria de los cargos materia de acusación.

El hecho incriminado y aceptado por el acusado, es que ha incumplido con su obligación alimentaria de sus menores hijos, toda vez que no ha cancelado las pensiones devengadas, en el plazo de tres días, dispuesta en la resolución número trece, expedida por la Juez del Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque, en el expediente número 566-2005; sin embargo, debe precisarse que en la fecha el acusado ya ha cumplido con el pago de ochocientos setenta y nueve nuevos soles, tal como se ha acreditado con el depósito judicial número 2012030100045.

En consecuencia se tiene que los hechos imputados se subsumen en el tipo penal del artículo 149 del Código Penal, y en el presente caso la conducta del acusado no encuentra causas de justificación ni de inculpabilidad, previstas en el artículo veinte del Código Penal.

CUARTO: INDIVIDUALIZACION DE LA PENA

4.1. La pena abstracta establecido por el legislador para el hecho punible, es no mayor de tres años de pena privativa de la libertad, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Debiendo entonces determinar judicialmente la pena concreta a imponer dentro del marco legal antes descrito, teniendo en cuenta básicamente para este efecto lo estipulado en el artículo 46 del Código Penal.

4.2. En atención a lo anteriormente señalado, considero que aplicando el principio de proporcionalidad atendiendo al monto de las pensiones devengadas, el periodo de incumplimiento de las mismas, el pago de la mitad de la deuda alimenticia, y que el acusado no registra antecedentes penales, la pena concreta a imponerse es la solicitada por el Ministerio Publico, es decir, dos años de privación de la libertad.

4.3. El Juzgador, además, considera que al haber el acusado aceptado los cargos, también resulta aplicable lo establecido como doctrinal legal en el acuerdo plenario No.5-2008/CJ-116, IV-Pleno jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial de la Corte Suprema, respecto a la reducción como máximo de un séptimo de la pena cuando el acusado se acoge a la conclusión anticipada; en consecuencia al haberse determinado que la pena a imponerse en el presente caso es dos años, debe efectuarse una reducción de tres meses y trece días.

QUINTO: FUNDAMENTACION DE LA REPARACIÓN CIVIL.

La reparación civil acordada se encuentra dentro de los criterios de proporcionalidad, respecto al daño causado.

Por éstas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos trescientos setenta y dos, trescientos noventa y cuatro y trescientos noventa y nueve del Código Procesal Penal, concordante con el articulo ciento cuarenta y nueve del Código Penal, Administrando Justicia a Nombre de la Nación: APRUEBO EL ACUERDO celebrado entre el acusado, su Abogado defensor y la Fiscal, en consecuencia FALLO: CONDENO A: SANDRO LOPEZ GUADALUPE, cuyas generales de ley obran en la parte expositiva de la presente sentencia como autor del delito de OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, en su modalidad de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION DE PENSION ALIMENTICIA, en agravio de Ruben, David y Analy  Lopez Quispe, y como a tal LE IMPONGO UN AÑO, OCHO MESES Y DIECISIETE DÍAS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, SUSPENDIDA EN SU EJECUCION, por el periodo de un año; quedando sujeto al cumplimiento de las siguientes Reglas de Conducta: a) No ausentarse ni cambiar el lugar de su residencia sin autorización del Juez; b) No portar objetos que faciliten la comisión de otro delito; c) Presentarse en forma personal y obligatoria al local del Juzgado el último día hábil de cada mes para informar y justificar sus actividades y firmar el libro de condenados, d) Reparar el daño causado consistente en el pago del saldo de las pensiones devengadas ascendentes a mil nuevos soles, y el saldo de la reparación civil impuesta ascendente a cien nuevos soles, en las fechas acordadas; todo bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de alguna de las reglas de conducta impuestas de aplicársele cualquiera de las tres alternativas previstas por el artículo cincuenta y nueve del Código Penal. FIJESE EN DOSCIENTOS NUEVOS SOLES el monto de la reparación civil, que el condenado deberá abonar a favor de los agraviados. CONSENTIDA O EJECUTORIADA. ORDENO que se INSCRIBA LA CONDENA donde corresponda y se remita todo lo actuado al Juzgado de Investigación Preparatoria para su ejecución. TENGASE por presentado los depósitos judiciales números 2012030100044 y 2012030100045, por las sumas de cien y ochocientos setenta y nueve, respectivamente, los mismos que deben ser endosados a la parte agraviada. DEJESE SIN EFECTO las ordenes de captura dictada por este Juzgado contra el condenado, oficiándose con tal fin. Notifíquese con arreglo a ley.-

 

VI.-PREGUNTA 04

En calidad de abogado formule una solicitud de beneficio penitenciario de Liberación condicional.

 

Señor

Juez Penal de la Corte Superior de Lima.

Referencia: 00987-2013

Sindicado: Mario Julio Gutiérrez Paz

Tipo penal: Cohecho Propio Pasivo

Fecha: En Lima  a los 30 días de julio de 2013.

Asunto: SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL.

Observación: HAY PRESO.

El día 10 del mes enero de 2011, dentro del Proceso de la referencia, fui privado de la libertad en Alemania y extraditado por medio del auto que obra dentro del proceso. Solicito, respetuosamente, conforme a las normas que regulan el proceso penal y la privación de la libertad, se me conceda el beneficio de LIBERTAD CONDICIONAL, conforme a lo dispuesto en el código penal y la Constitución Nacional, pues se dan los presupuestos procesales, jurídicos y fácticos necesarios para solicitar por medio del presente escrito el beneficio de Libertad Provisional.

Los presupuestos procesales se dan por lo siguiente:

1. Pido se observe mi situación de ciudadano Francés extraditado desde Alemania y por tanto me es aplicable el principio de reciprocidad entre estados más favorable al reo, entre ellos los jus cogens, como la retroactividad de las leyes penales.

2. Estado a que el hecho delictivo materia de condena datan del año 1998, mientras que la ley 27770 de contenido penal se publicó en el Diario Oficial El Peruano en JUL02, evidencia que estamos frente a una infracción constitucional del Art. 103 de la ley máxima, en donde se establece claramente que la ley desde su entrada en vigencia no tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.

3. Como se desprende de la simple lectura del informe legal, psicológico y de asistencia social, el recurrente se encuentra totalmente rehabilitado al dirigir su conducta al interior del penal mediante el trabajo y la asistencia plural y continua a las terapias de rehabilitación. El texto constitucional ilustra en su Art. 139 inciso 22 sobre el objeto primordial de la pena y el derecho del penado a la reinserción a la sociedad, lo cual a su vez es congruente con el Art. 103 del Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

En su virtud,               

SUPLICO Al Juzgado, que tenga por presentado este escrito, y previa revisión de las pruebas  acepte mi solicitud que se ajusta a la doctrina y el derecho.

 

Atentamente.

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