viernes, 6 de junio de 2014

SENTENCIA POR DELITO DE PECULADO

SENTENCIA DICTADA EN EL PROCESO SEGUIDO CONTRA JOSE EDUARDO CUMPA ORELLANA, POR EL DELITO DE PECULADO.

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL – LAMBAYEQUE

EXPEDIENTE : 00505-2010-5-1708-JR-PE-01.

ESPECIALISTA : MATILDE R. SAMPEDRANO DURANGO. ESP. AUDIENCIAS : DENIS ANGULO DIAZ.

ACUSADO : JOSE EDUARDO CUMPA ORELLANA. DELITO : PECULADO.

AGRAVIADO : MINISTERIO DE EDUCACION.

SENTENCIA DE CONFORMIDAD

LAMBAYEQUE, DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE.- RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES. VISTOS Y OIDA: La presente causa en audiencia pública: 1. IDENTIFICACION DEL PROCESADO : JOSE EDUARDO CUMPA ORELLANA, identificado con documento nacional de identidad numero 16632549, natural de Lambayeque, domiciliado en la calle Cáceres N º 795 – Salas - Lambayeque, casado, de cuarenta y seis años de edad, nacido el día diecisiete de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, hijo de don José Eduardo Cumpa Giles e Hilda Orellana Chanduvi, grado de instrucción: superior, docente, no tiene tatuajes ni registra antecedentes penales. 2. PRETENSIÓN PUNITIVA: Mediante acusación fiscal el Ministerio Público formalizó su pretensión punitiva, mediante la atribución de los hechos, calificación Jurídica y petición de pena que a continuación se indican: 2.1. Teoría del caso del Fiscal.- El señor Fiscal título su teoría del caso “No tuve las cuentas claras” quién señaló que en merito a la Ley 29289 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009 y el Decreto Supremo N º 001-2009-ED (dispositivo legal que aprueba la relación de instituciones educativas que requieren mantenimiento preventivo de sus instalaciones), las autoridades del Sector Educación de la Dirección Regional de Educación de Lambayeque y la Unidad de Gestión Educativa UGEL de Lambayeque, asignaron a la I.E. N º 10141 “7 de Noviembre” del Caserío Solecape – Mochumí la suma de doce mil nuevos soles, para el año 2009, siendo el Director y titular de esa cuenta el acusado José Eduardo Cumpa Orellana, responsable de realizar las obras respectivas en la mencionada Institución Educativa; sin embargo, en el mes de Marzo del mismo año el acusado dejo de ser Director de la citada Institución Educativa por qué fue designado como Director en otra Institución Educativa de la ciudad de Jayanca, siendo reemplazado por German Castillo Gayoso, quién denunció al acusado por qué éste utilizó los recursos en forma arbitraria sin rendir cuenta pormenorizada de los gastos realizados, a pesar de que estaba obligado por las citados dispositivos legales a conformar Comites de Mantenimiento y Veedores conformados por padres de familia; así como también el Alcalde de la localidad y la UGEL de Lambayeque estaban facultados a supervisar las obras. Alegó el Fiscal que el acusado entregó el saldo de dos mil doscientos nuevos soles a German Castillo Gayoso recién el 30 de septiembre del año 2009, es decir, después de seis meses que dejo el cargo de la I.E. 10141, con lo que se demuestra que el imputado no tuvo la suma de dinero asignada en la cuenta del Banco de la Nación conforme lo exigía las normas pertinentes, así como no declaró en que había gastado el saldo restante, de lo que se colige que el procesado ha utilizado para sí el citado dinero. Finalmente señaló que los hechos expuestos se acreditaran con la pericia efectuada por el Ingeniero Felipe Santiago Ayala Ortiz; y que la modalidad que se atribuye al acusado es por la utilización del dinero asignado, ya que de acuerdo a la primera pericia referida existe una correspondencia entre los trabajos realizados con los fondos asignados, pero que una vez que dejó el cargo de Director el procesado retiró el saldo de la cuenta del Banco la Nación, y recién lo devolvió después de seis meses. 2.2. Calificación jurídica.- El supuesto fáctico antes descrito ha sido calificado jurídicamente por la fiscalía como delito de contra la Administración Pública, en su modalidad de Peculado, tipificado en el artículo 387, primer párrafo del Código Penal. 2.3. PETICIÓN DE PENA El Ministerio Publico solicitó por ello se le imponga TRES años de pena privativa de libertad, mas la suma de MIL nuevos soles por concepto de reparación civil. 3. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA. 3.1. Teoría del caso de la defensa. Por su parte la abogada defensora informó que previamente ha conferenciado con el representante del Ministerio Público y han llegado a un acuerdo respecto de la pena y la reparación civil, por lo que solicitó la conclusión anticipada del juicio. 3.2. Posición del acusado. Se le informó al acusado de sus derechos y posteriormente se le preguntó si admitía ser autor o participe del delito materia de acusación, quién contestó que si admitía los cargos. Luego el Fiscal sustentó el acuerdo celebrado en los términos siguientes: ACUERDO: Se acordó una pena de dos años de pena privativa de la libertad; suspendida en su ejecución, a la cual debe reducirse en un séptimo de la misma, en virtud de lo dispuesto en el acuerdo plenario No.5-2008/CJ-116, IV-Pleno jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial de la Corte Suprema, por el periodo de prueba igual al que dure la condena, y la imposición de las reglas de conducta señaladas en el artículo cincuenta y ocho del Código Penal. Respecto a la reparación civil se fijó ésta en la suma de mil nuevos soles, los cuales debe ser cancelados en doce cuotas mensuales, las diez primeras de noventa nuevos soles y la dos últimas de cincuenta nuevos soles, siendo sus fechas de pago los últimos días hábiles de cada mes, a partir del mes de Mayo del año en curso. Preguntados el acusado y la abogada defensora sobre el acuerdo expuesto por el Fiscal, éstos manifestaron su conformidad. Habiendo concluido el debate, el Juez, comunicó la aprobación del acuerdo y suspendió la audiencia para el día dieciocho de abril del año en curso, a las ocho horas con treinta minutos, a fin de dar lectura a la sentencia de conformidad, con las partes que asistan a las mismas; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: El delito contra la Administración Publica, en su modalidad de Peculado, previsto y sancionado en el artículo 387, primer párrafo, del Código Penal, se configura cuando el “Funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo”. SEGUNDO: Tal como lo señala Plagliaro citado por Fidel Rojas Vargas en su obra Delitos contra la Administración Publica, el objeto de la tutela penal es el de proteger el normal desarrollo de las actividades de la administración pública. Por tratarse el Peculado de un delito pluriofensivo, el bien jurídico se desdobla en dos objetos específicos merecedores de protección jurídico penal: por un lado, el garantizar el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública y, por otro lado, evitar el abuso de poder – del que se halla facultado- del funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad” ,. TERCERO: De la teoría del caso expuesto por el Ministerio Público la modalidad imputada al acusado es la utilización para sí de los caudales asignados a éste en su condición de Director de la I.E. 10141, debiéndose entender que en esta modalidad el sujeto activo no tiene la intención de apropiarse el bien (efecto o caudal), sino solo aprovecharse del mismo. CUARTO: HECHOS: Habiendo el acusado juntamente con su abogada defensora, celebrado un acuerdo con el Fiscal, respecto a la aplicación de un año, ocho meses y diecisiete días, de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, por un periodo de prueba igual al que dure la condena; asimismo respecto al pago de mil nuevos soles por concepto de reparación civil, lo que significa la aceptación libre y voluntaria de los cargos materia de acusación. El hecho incriminado y aceptado por el acusado es que ha utilizado para sí la suma de dos mil ciento noventa y siete nuevos soles, toda vez que retiró dicha suma de dinero del Banco de la Nación, cuando ya no era Director de la I.E. 10141, dinero que recién lo devolvió luego de seis meses que dejo el citado cargo; debiéndose precisar que la suma referida fue el saldo de los doce mil nuevos soles que la Dirección Regional de Educación de Lambayeque y la UGEL Lambayeque le asignaron a la citada I.E.. para realizar obras respectivas en el año 2009. QUINTO: JUICIO DE SUBSUNCION: Los hechos aceptados por el acusado se subsumen en el tipo penal de Peculado doloso, previsto en el artículo 387 del Código Penal. Así se tiene que ésta acreditada la existencia de la relación funcional entre el sujeto activo y los caudales, así como la administración de los mismos, pues, el acusado al momento de la comisión de los hechos tenía la calidad de Funcionario Público, pues, era Director de la I.E. 10141, y en esa condición se le entregó la administración de doce mil nuevos soles para la ejecución de obras a favor de la citada I.E. De otro lado concurre el requisito de la utilización para sí de los caudales y la existencia de los mismos, ya que el acusado ha aceptado que retiró de la cuenta del Banco de la Nación la suma de dos mil ciento noventa y siete nuevos soles, los mismos que no fueron destinados a la ejecución de obras; sin embargo, la citada suma de dinero fue devuelta luego de seis meses de que el procesado dejara el cargo, de lo que se colige que no ha concurrido la modalidad de apropiación. En el presente caso la conducta del acusado no encuentra causas de justificación ni de inculpabilidad, previstas en el artículo veinte del Código Penal. SEXTO: INDIVIDUALIZACION DE LA PENA 6.1. La pena abstracta establecido por el legislador para el hecho punible, es no menor de dos ni mayor de ocho años de pena privativa de la libertad. Debiendo entonces determinar judicialmente la pena concreta a imponer dentro del marco legal antes descrito, teniendo en cuenta básicamente para este efecto lo estipulado en el artículo 46 del Código Penal. 6.2. En atención a lo anteriormente señalado, considero que aplicando el principio de proporcionalidad atendiendo a que el acusado no registra antecedentes penales, que el acusado no utilizó para sí todo el dinero entregado en administración, pues, el Ministerio Público ha señalado que existe una correspondencia entre los gastos efectuados y las obras realizadas, según el informe pericial respectivo; y que el saldo del dinero indebidamente utilizado ya ha sido devuelto, por lo que la pena concreta a imponerse es la solicitada por el Ministerio Publico, es decir, dos años de privación de la libertad. 6.3. El Juzgador, además, considera que al haber el acusado aceptado los cargos, también resulta aplicable lo establecido como doctrinal legal en el acuerdo plenario No.5-2008/CJ-116, IV-Pleno jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial de la Corte Suprema, respecto a la reducción como máximo de un séptimo de la pena cuando el acusado se acoge a la conclusión anticipada; en consecuencia al haberse determinado que la pena a imponerse en el presente caso es de dos años, debe efectuarse una reducción de tres meses y trece días. SEPTIMO: FUNDAMENTACION DE LA REPARACIÓN CIVIL. La reparación civil acordada se encuentra dentro de los criterios de proporcionalidad; mas aún si se tiene en cuenta que tal como lo ha señalado el Representante del Ministerio Publico la mayor parte de la suma de los doce mil nuevos soles asignados fueron utilizados en la ejecución de obras y el saldo de dos mil ciento noventa y siete nuevos soles con setenta centimos ya han sido devueltos por el acusado.. Por éstas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos trescientos setenta y dos, trescientos noventa y cuatro y trescientos noventa y nueve del Código Procesal Penal, concordante con el articulo trescientos ochenta y siete del Código Penal, Administrando Justicia a Nombre de la Nación: APRUEBO EL ACUERDO celebrado entre el acusado, su Abogada defensora y el Fiscal, en consecuencia FALLO: CONDENO A: JOSE EDUARDO CUMPA ORELLANA, cuyas generales de ley obran en la parte expositiva de la presente sentencia como autor del delito contra la Administración Pública, en su modalidad de Peculado Doloso, en agravio del Estado, representado por la UGEL Lambayeque, y como a tal LE IMPONGO UN AÑO, OCHO MESES Y DIECISITE DIAS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, SUSPENDIDA EN SU EJECUCION, por el periodo igual a la condena; quedando sujeto al cumplimiento de las siguientes Reglas de Conducta: a) No ausentarse ni cambiar el lugar de su residencia sin autorización del Juez; b) No portar objetos que faciliten la comisión de otro delito; c) Presentarse en forma personal y obligatoria al local del Juzgado el ultimo día hábil de cada mes para informar y justificar sus actividades y firmar el libro de condenados, d) Reparar el daño causado consistente en el pago de la reparación civil impuesta, en las fechas acordadas; todo bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de alguna de las reglas de conducta impuestas de aplicársele cualquiera de las tres alternativas previstas por el artículo cincuenta y nueve del Código Penal. FIJESE EN MIL NUEVOS SOLES el monto de la reparación civil, que el condenado deberá abonar a favor del agraviado. CONSENTIDA O EJECUTORIADA. ORDENO que se INSCRIBA LA CONDENA donde corresponda y se remita todo lo actuado al Juzgado de Investigación Preparatoria para su ejecución.

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