viernes, 6 de junio de 2014

CASACION : DESALOJO POR OCUPACION PRECARIA

CAS. N° AREQUIPA. Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, veinticuatro de octubre del año dos mil doce.-LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: vista la causa en el día de la fecha expide la siguiente sentencia:
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FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Este Supremo Tribunal mediante resolución de fecha veinte de diciembre del año dos mil once obrante de fojas veintiséis a veintisiete del cuadernillo de casación ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de infracción normativa procesal respecto a la cual se alega lo siguiente: a) La sentencia materia de casación es limitativa en reconocer la propiedad del inmueble únicamente por la inscripción registral desconociendo la propiedad del inmueble no inscrito no significando que la misma pierda validez por el hecho que la compraventa efectuada por Matilde Núñez de Rodríguez en su calidad de administradora de la Compañía Mercantil Benito Núñez a favor de los padres de la impugnante no se haya inscrito en los Registros Públicos. b) La sentencia de vista declara ineficaz o nulo el anticipo de legitima en un proceso sumarísimo cuando dicha nulidad debe ser declarada en un proceso de conocimiento además que en el presente proceso de desalojo no se ha demandado la nulidad de la compraventa ni del anticipo de legítima por lo que la sentencia impugnada contraviene el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil el cual señala que el Juez no puede ir más allá del petitorio de la demanda.

CONSIDERANDOS:
Primero.- Que, según lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Civil modificado por la Ley número 29364 el recurso extraordinario de casación tiene como fines esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto, así como la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República por tanto este Tribunal Supremo sin constituirse en una tercera instancia adicional en el proceso debe cumplir su deber pronunciándose acerca de los fundamentos del recurso por la causal declarada procedente.

Segundo.- Que, en lo que respecta a la causal de infracción normativa procesal conviene precisar que el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado fija como una garantía y derecho de la función jurisdiccional el deber de motivación de las resoluciones judiciales esto es que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia asegurando que el ejercicio de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley en tal sentido habrá motivación adecuada de las resoluciones judiciales cuando la resolución contenga los fundamentos jurídicos y fácticos que sustentan la decisión así como cuando la motivación responda efectivamente a la ley y a lo que fluye de los actuados debiendo además existir una correspondencia lógica (congruencia) entre lo pedido y lo resuelto de tal modo que la resolución por sí misma constituya suficiente justificación de lo que se decide u ordena en contrario si la resolución infringe alguno de estos aspectos esenciales de la motivación se incurre en causal de nulidad contemplada en el artículo 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil modificado por el artículo 1 de la Ley número 27524.

Tercero.- Que, además no debe perderse de vista que acorde al principio de congruencia procesal contemplado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil las sentencias expedidas en el proceso civil necesariamente deben guardar una relación de correspondencia lógica entre el petitorio contenido en la demanda, la fijación de puntos controvertidos y lo que es resuelto en definitiva por la instancias de mérito pues de no existir esta correspondencia necesaria se afectaría gravemente el principio de congruencia procesal y se incurriría en causal de nulidad prevista en el artículo 122 inciso 4 del Código Procesal Civil modificado por el artículo 1 de la Ley número 27524.

Cuarto.- Que, en el presente caso la demandante Gina Mara Rodríguez Alcázar promueve proceso de desalojo por ocupación precaria pretendiendo que los demandados le restituyan la posesión del inmueble sito en el Pasaje Martinetty número ciento cincuenta y cuatro, interior 4A - 4B Cercado de Arequipa alegando ser propietaria del inmueble materia de la demanda acreditando su dominio con la Escritura Pública de anticipo de legitima de fecha uno de diciembre del año dos mil cuatro otorgada a su favor por sus padres José Benito Julio Ernesto Rodríguez Núñez y Eufemia Elsa Alcázar siendo los demandados poseedores del inmueble de su propiedad sin tener derecho resistiéndose a devolver el bien sub litis a su legítima propietaria razones por las que interpone la demanda.

Quinto.- Que, admitida y sustanciada la litis con arreglo a ley se fijaron en la audiencia Como puntos controvertidos los siguientes: a) Determinar si la accionante cuenta con titularidad que ampara su derecho en el presente proceso y b) Establecer si la parte demandada ocupa el bien sub litis en forma precaria y sin pago de renta alguna declarándose en la sentencia de fecha veintiocho de octubre del año dos mil nueve expedida por el Juez del Cuarto Juzgado Civil de Arequipa el cual declara improcedente la precitada demanda exponiendo entre otros argumentos haberse acreditado acorde a las pruebas de oficio ordenadas por el superior en grado consistentes en el Certificado Literal de la Partida Registral número 04005567 de folios trescientos dos a trescientos diez indica que el inmueble materia de la demanda fue propiedad de Borax Concolidatec Limited la cual vendió el bien a favor de la firma Benito Núñez y Compañía con fecha diecisiete de agosto del año mil novecientos cuarenta y cuatro vendiéndose posteriormente parte de dicha finca a la sociedad conyugal conformada por Leonidas Paz Basurco y Graciela Carrillo en una extensión de dos mil cuatrocientos treinta y un metros cuadrados por la administradora Matilde Núñez de Rodríguez sin que se pueda colegir que los padres de la actora hayan tenido la propiedad del bien pues la abuela de la demandante era administradora y no propietaria de la Firma Benito Núñez y Compañía por tanto nunca tuvo la propiedad del inmueble ni por tanto pudo transmitirla.

Sexto.- Que, apelada la precitada resolución la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por resolución de fecha veintisiete de julio del año dos mil once confirma la apelada con fundamentos similares agregando que el inmueble materia de la demanda continúa perteneciendo a la Compañía Mercantil Benito Núñez agregando que la compraventa que otorgó Matilde Núñez de Rodríguez a favor de los progenitores de la demandante es ineficaz porque la vendedora no llegó a adquirir la propiedad del inmueble de su propietaria Compañía Mercantil Benito Núñez tal como se reconoce en la Escritura Pública de anticipo de legitima en el sentido que no se formalizó dicha adquisición siendo ineficaz asimismo la transferencia vía anticipo de legitima efectuada por los padres de la actora a su favor por cuanto los transferentes no tenían legitimidad para disponer de la propiedad del inmueble en cuestión.

Séptimo.- Que, así tramitada y resuelta la litis resulta evidente que las sentencias expedidas por las instancias de mérito han incurrido en grave incongruencia procesal pues de su contenido obra que han emitido pronunciamiento en torno a la validez del título de propiedad que la actora anexa a la demanda no obstante que la validez de dicho título no sólo no ha sido cuestionada por la parte demandada en la etapa procesal correspondiente sino además porque la eficacia jurídica del título de propiedad de la actora no puede ni debe ser discutida en la vía del proceso de desalojo por ser contraria a su naturaleza y fines además de ser inadecuado e impertinente debatir en el mismo la concurrencia de los elementos funcionales y estructurales del título de propiedad que escolta a la demanda debido a la especial naturaleza de este tipo de procesos y por la sumariedad del trámite de la pretensión que deberá ser canalizada a través de la vía procesal correspondiente.


Octavo.- Que, en consecuencia, de lo antes expuesto puede colegirse que las sentencias expedidas por las instancias de mérito afectan el principio de congruencia procesal previsto en el artículo VII del título preliminar del Código Procesal Civil al resultar evidente la falta de correspondencia lógica entre el petitorio contenido en la demanda, la fijación de puntos controvertidos y lo resuelto en definitiva incurriéndose por tanto en la causal de nulidad prevista en el artículo 122 inciso 4 del Código Procesal Civil por lo que corresponde disponer que las instancias de mérito expidan nueva resolución cuidando que la sentencia guarde correspondencia lógica con el petitorio; fundamentos por los cuales declararon: FUNDADO el recurso de casación obrante de fojas quinientos uno a quinientos dos interpuesto por Gina Mara Rodríguez Alcazar contra la sentencia de vista la cual confirma la apelada que declara improcedente la demanda por la causal de infracción normativa procesal en consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha veintisiete de julio del año dos mil once expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa e INSUBSISTENTE la apelada de fecha veintiocho de octubre del año dos mil nueve; ORDENARON que el Juez del Cuarto Juzgado Civil Módulo Corporativo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emita nueva resolución con arreglo a ley; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos por Gina
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