martes, 14 de enero de 2014

Ley 29811,Ley de moratoria a los Organismos Vivos Modificados (OVM) –


Ley de moratoria a los Organismos Vivos Modificados (OVM) – 

Ley 29811, Ley de moratoria a los Organismos Vivos Modificados (OVM) con fines de cultivo o crianza en el Perú: crónica breve sobre la gestación y objetivos de la norma.
Testimonio y opinión personal de Santiago Pastor Soplín[I]
La ley de moratoria se logró gracias a todos los que participaron en este largo e intenso debate. Gracias a los que se opusieron a esta norma, porque al promover el uso de OVM sin los cuidados ambientales adecuados, evidenciaron su necesidad impostergable y gracias también a quienes la promovieron, porque llegaron a un nivel racional de restricción de los OVM sólo para uso productivo en campo, sin afectar la investigación, el aprovisionamiento de alimentos o medicinas, ni el comercio. Los objetivos principales de esta moratoria son i) la protección de la biodiversidad y el ambiente y ii) en un plazo razonable, lograr las capacidades para un uso seguro y responsable de la biotecnología moderna en el Perú.

Fruto de un intenso debate y de un gran consenso político, el 9 de diciembre del 2011, se promulgó la Ley N°29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM) al territorio nacional por un período de 10 años. La maduración de esta ley tomó prácticamente dos periodos congresales/presidenciales para que finalmente sea aprobada al inicio de un tercer periodo (gobierno actual al momento en que se escribe este texto).
Un momento crítico en este proceso se produjo durante la participación del Perú en la cuarta reunión del órgano de gobierno del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología[II] (COP MOP 4) en la ciudad de Bonn (2008). Durante esta reunión, a contracorriente de la posición nacional previamente acordada en la Comisión Nacional de Diversidad Biológica, de la tendencia internacional y por boca de un asesor del Ministro de Agricultura, el Perú, junto con Paraguay y Japón, se pronunciaron a favor de la “naturaleza no vinculante” del régimen de responsabilidad y compensación respecto de daños y efectos adversos de los OVM sobre la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos a la salud humana, que en ese momento se venía negociando. El incidente se produjo en un segmento no decisivo de la negociación (grupo de contacto); aun cuando el acuerdo final fue la de trabajar por un “régimen vinculante”, se restringió únicamente a la responsabilidad administrativa, dejando la responsabilidad civil al ámbito de la legislación nacional[III]. Independientemente de su real magnitud, lo cierto es que los trascendidos generaron alarma y reacción nacional, en tal medida que podría considerarse como el primer gran detonante que desencadenó el inicio de un conjunto de decisiones técnicas y políticas que han llevado a la moratoria de OVM con fines de cultivo o crianza, incluidos los organismos acuáticos.
En ese mismo mes (mayo 2008), se creó el Ministerio del Ambiente y se inició un vigoroso y coherente avance en la política nacional de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, así como una más clara y mejor fundamentada política precautoria respecto del uso de la biotecnología moderna y el uso de los OVM con fines productivos. En principio, las instituciones competentes del sector público (Agricultura, Producción, Salud y Ambiente) y luego todos los actores sociales involucrados en aspectos ambientales,  lograron un amplio consenso respecto la Política Nacional del Ambiente[IV], la cual incluye siete lineamientos de política sobre bioseguridad y uno sobre recursos genéticos, directamente relacionados con el uso responsable de la Biotecnología Moderna y la necesidad de construir capacidades para estimar y evitar los posibles efectos adversos especialmente contra la biodiversidad. En la Política Nacional del Ambiente, no hay prohibiciones; sólo se pide precaución y medidas efectivas para el uso responsable y seguro de los OVM.
Nota: Un OVM o transgénico es un ser vivo (organismo receptor) de una especie, al cual por medio de técnicas de ingeniería genética se coloca uno o más  genes provenientes de otro organismo (donante) de una especie distinta. Por ejemplo, maíz (receptor) con un gen de bacteria (donante) Bacillus thuringensis. Esta tecnología no tiene límites en cuanto a que especie puede actuar como receptor o donante.

A inicios del 2007, un grupo de investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina, reportó el hallazgo de variantes transgénicas de maíz en muestras tomadas de chacras y almacenes de maíz amarillo duro en la localidad de Barranca (a 165 km al norte de Lima). La autoridad competente emitió resultados de una investigación oficial de esto hallazgo  en dos momentos: en una presentación de diapositivas en un seminario (junio 2010) y en un Informe técnico (octubre 2010). Sorprendió que las conclusiones no coincidieran ya que se trataba del mismo estudio presentado en dos momentos y formatos diferentes, pero sobre la base de las mismas muestras. Se esperaba que el informe fuera  sólo una descripción in extenso de los resultados presentados en las diapositivas. No fue el caso. Aún cuando se produjeron de alguna manera aclaraciones posteriores, estas contradicciones incrementaron las dudas sobre el marco legal y la institucionalidad del sistema de bioseguridad hasta ese entonces establecidos, alimentando más aún la creatividad e iniciativa legislativa, inclusive más allá del Congreso.
Efectivamente, es momento de destacar el proceso no menos importante pero interno y más discreto que se fue gestando en las Regiones al interior del país, bajo el liderazgo principalmente de la sociedad civil, pero también de algunos Gobiernos Regionales sensibles a las demandas de su entorno. Fruto de las fuerzas sociales, especialmente de los gremios y comunidades de agricultores medianos y pequeños, las Regiones fueron aprobando ordenanzas (leyes regionales) para declararse “libres de transgénicos”, comenzando por Cusco en mayo del 2007. A la fecha, ya son 16 Regiones (contando a Lima  Metropolitana y Lima Provincias como dos Regiones diferentes ya que cada una ha emitido su propia norma) las que han aprobado ordenanzas en el mismo sentido. Sin perjuicio de una ulterior valoración legal y técnica de estas ordenanzas, es inocultable que las mismas fueron producto de procesos regionales ampliamente participativos y se lograron como resumen de la expresión política de las reservas de los actores regionales respecto de la incertidumbre del impacto de los OVM en sus entornos y modo de vida, y, sobre todo, de la legítima aplicación del enfoque precautorio que reconocen en los instrumentos de política y marco legal nacional y los tratados internacionales.
Nota: Principio Precautorio: El principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo lo define así: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

Otro suceso importante de mencionar en este recuento de cómo se llego a la actual moratoria, fue la aprobación del reglamento interno sectorial de agricultura sobre bioseguridad en el 2011, el mismo que lejos de inspirar confianza en los actores socioeconómicos involucrados, adolecía de vacíos y falta de claridad respecto de las medidas precautorias esperables en un escenario megadiverso como el Perú. No se entendía en ese momento que no era posible tener un buen reglamento sectorial sobre la base de una ley (Ley N°27104) obsoleta e inadecuada para el Perú megadiverso y milenario pero emergente y con una economía bien proyectada de cara al futuro y sobre la base sus ventajas comparativas. Nuevamente la preocupación ante las dudas generadas por el marco legal y la institucionalidad, continuaron estimulando con mayor intensidad el trabajo legislativo dirigido a la modificación del marco legal en bioseguridad, cuyas limitaciones eran cada vez más evidentes. Más y más regiones se sumaban a la decisión política de no aceptar el uso de OVM con fines productivos en su jurisdicción y se continuaron aprobando con sus ordenanzas regionales declarándose “libres de transgénicos”. Entretanto, en el Congreso surgían más proyectos de ley restringiendo el uso de OVM de manera cada vez más drástica, pero siempre teniendo como objetivo común la prevención de posibles efectos adversos a la biodiversidad y el ambiente debido a los OVM y su utilización en actividades productivas. Sin embargo, la evidencia más importante de la inoportuna aprobación del reglamento sectorial interno de agricultura sobre bioseguridad es que la ley de moratoria incluyó un artículo donde explícitamente lo deroga. Probablemente, el mayor impulso para la aprobación de la ley de moratoria, fue la insistencia en aprobar un reglamento sectorial claramente insuficiente basado en una ley obsoleta y que debe ser modificada en el plazo más breve posible.
Nota: La Ley 27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología (1999) es obsoleta e inadecuada para el Perú megadiverso y multicultural del Siglo XXI debido a que: i) de las 11 actividades que incluye en el ámbito y debería regular, solo desarrolla medidas para una: la introducción (ingreso de OVM al país); ii) no considera la indispensable opinión de la autoridad ambiental en la toma de decisiones; iii) fue hecha cuando el Perú aun no estaba regionalizado; iv) no tiene medidas para garantizar un análisis de riesgo adecuado y confiable; v) carece del capítulo de infracciones y sanciones, entre otras razones que deben ser materia de un análisis posterior.

Hacia el final del periodo presidencial anterior (2006-2011), se aprueba el primer proyecto de ley de moratoria. Sin embargo su autógrafa fue observada por el Poder Ejecutivo en los últimos días del gobierno de turno. Como era de esperarse, ante un consenso técnico y político tan grande y siendo una decisión no muy pertinente para un gobierno que está de salida, el debate fue inmediatamente retomado en el actual período presidencial (segundo semestre del 2011). De hecho, la moratoria figuró como “promesa electoral” en los planes de gobierno de varios candidatos y especialmente de los dos que pasaron a la segunda vuelta, evidenciándose así el consenso en torno a este tema. Es así que a inicios del actual Congreso (primer semestre del 2011), nuevamente se presentaron sendos proyectos de ley y el tema fue encargado a tres comisiones: Agricultura, Ambiente y Defensa del Consumidor, evidenciando nuevamente la prioridad e importancia que le daba el Poder Legislativo a este tema (lo usual es que los temas sean asumidos por una Comisión o máximo dos). Las tres Comisiones dictaminaron a favor por amplio consenso o unanimidad. Los proyectos de ley se acumularon en un sólo texto consensuado y debatido en sesión plenaria, siendo aprobado por 93 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, mucho antes de que el nuevo congreso cumpla su medio año de gestión. Esta vez, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley sin observación alguna, cumpliendo una de sus promesas electorales que mayor debate había generado, especialmente en el sector agrario.
La fórmula legal aprobada por todas las bancadas políticas sin excepción, perfeccionó algunos defectos no mayores que presentaba la autógrafa anteriormente observada, y concentró sus medidas en la defensa de la biodiversidad frente a los posibles efectos adversos del uso de OVM con fines de crianza y cultivo. Mayor aún es el énfasis de la ley de moratoria en la implementación de medidas y capacidades para estar adecuadamente preparados para la realización de los análisis de riesgo que conduzcan a un uso seguro y responsable de la Biotecnología Moderna y los principales bienes que genera: los OVM. Esta preparación implica la construcción de capacidades especialmente en materia de recursos humanos, la generación de líneas de base de la diversidad biológica potencialmente afectada y el reforzamiento de la infraestructura de calidad que implica laboratorios y equipamiento.
Nota: La Ley de Moratoria tiene por finalidad: evitar de manera temporal (10 años) que se utilicen OVM con fines de cultivo o crianza en territorio peruano, y; por objeto i) la construcción de capacidades especialmente en recursos humanos para hacer análisis de riegos adecuados, ii) la generación de líneas de base de la diversidad biológica potencialmente afectada por los OVM y su utilización, y iii) el fortalecimiento de la infraestructura de calidad, incluyen laboratorios y equipamiento.

Termino esta opinión con la convicción de que esta norma tiene la virtud de prohibir unos bienes tecnológicos que por ahora el Perú no utiliza ni demanda de manera significativa, y que de hacerlo, iría contra la visión de desarrollo de país que claramente se viene construyendo entre los actores de nuestro tejido social y productivo y que nos permite mirar con razonable optimismo un futuro con mayor bienestar para todos los peruanos.
El trabajo ya ha comenzado; estamos a tiempo de hacer bien las cosas.

Celula2342

[I] Soy biólogo y confieso que he vivido la mayor parte de lo que aquí digo.
[II] El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Seguridad Biológica es el tratado internacional tiene como objetivo: contribuir a garantizar un nivel adecuado de
protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.
[III] El Régimen de Responsabilidad y Compensación fue finalmente vinculante y ha sido aprobado bajo la forma del “Protocolo de Nagoya Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica” en la Conferencia de las Partes que hace de Reunión de las Partes 5 (COP MOP 5)  realizada en Nagoya (2010).
[IV] Política Nacional del Ambiente aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM del 23 de Mayo de 2009, de obligatorio cumplimiento para todos los sectores; fue el fruto del trabajo inicialmente del MINAM, luego consultado y validado con todo el Sectores de la gestión pública y luego consultada en talleres y telemáticamente con los actores sociales.

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