domingo, 7 de noviembre de 2010

DELITOS DE DIFAMASION POR INTERNET

INTERNET Y DIFAMASION



Los delitos contra el honor y la reputación revelan nuevos problemas de interpretación cuando son cometidos a escala exponencial a través de Internet, innovador e imprescindible medio de comunicación telemática que ha tenido y continua teniendo una rápida difusión a escala exponencial.


La Internet se ha convertido en algo indispensable en nuestras vidas y cada vez tiene mayor difusión a escala mundial.


Como típico instrumento e incluso emblema de la globalización de la sociedad moderna, Internet supera los tradicionales confines geográficos así como las fronteras y barreras políticas y culturales, que manifiestan su incapacidad para afrontar la extensión de las comunicaciones por vía telemática, hasta el punto de abarcar por sus características técnicas todo el planeta.

El Artículo 132 del Código Penal peruano , en la parte final se refiere a la agravante del delito de difamación cometido por medio de libro, la prensa u otro medio de comunicación social .

Este tipo de delitos tiene como elementos objetivos : que el agente atribuya a una persona un hecho , cualidad o conducta que perjudique su honor o su reputación , que exista la posibilidad de difusión y publicidad de las imputaciones , que el delito se cometa por medio de libro, prensa u otro medio de comunicación social ( asimismo, este hecho se agrava si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131 del CP ) .


Como elemento subjetivo el dolo o conciencia y voluntad de la realización del tipo objetivo . Adicionalmente el móvil o “animus difamandi” , elemento de tendencia interna trascendente , distinto a dolo , que implica la especial intención de dañar el honor y la reputación de una persona..


ANALISIS JURIDICO

La primera cuestión que debe responderse es si es posible la aplicación del artículo 132 del Código Penal peruano a los casos de difamación cometidos a través de Internet mediante la implementación de material difamatorio en red , específicamente en sitio web y blogs.

La ausencia de la víctima ( que sirve para distinguirlo del delito de injuria ) , la lesión del honor y reputación ajena y la comunicación con más personas (al menos con dos).

En el sistema del código, el delito puede ser cometido por cualquier medio de comunicación social y en cualquier modo idóneo para ocasionar la lesión al honor y la reputación.

Existen países que han introducido una figura nueva y autónoma de delito en los tipos de delitos contra el honor .

Textualmente el artículo antes mencionado prevé que el delito se cometa por medio del libro, prensa u otro medio de comunicación social ofenda el honor y la reputación de una persona será castigado con la pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días –multa
.
¿Por qué se agrava la difamación?
La razón de la agravación de la pena está centrada en la particular capacidad difusiva del medio empleado y en el poder de persuasión psicológica y de orientación de opinión que la prensa posee, revelándose así más incisiva la difamación y más grave la ofensa.

Análogas observaciones pueden extenderse a los otros medios de comunicación de masas, como la radio y la televisión, en tanto que, respecto a cualquier otro medio de comunicación social no serían válidas, pues en estos otros asume relevancia únicamente la capacidad difusiva del instrumento expresivo.

El último párrafo del artículo 132 del Código Penal menciona una circunstancia agravante en función de la progresiva gravedad para las hipótesis en que la ofensa contra el honor fuere vertida por medio del libro , la prensa u otro medio de comunicación social .

Debe subrayarse el término “ u otro medio de comunicación social “ para responder a la interrogante si es posible la aplicación del artículo 132°, in fine, del Código Penal peruano -difamación agravada por cualquier otro medio de comunicación social - a los casos de difamación cometidos a través de Internet mediante la implementación de material difamatorio en red , específicamente en sitio web y blogs.

Es fácil deducir, descartando el libro y la prensa que la norma que la intención del legislador cuando menciona “cualquier otro medio de comunicación social “ era referirse a los sistemas radiofónicos y televisivos , otros medios de comunicación de masas tradicionales .

Pero ¿ el Internet puede estar comprendido en cualquier otro medio de comunicación social?

El Internet no recae en el ámbito de la prensa (a pesar de que la referencia a ella pudiera parecer interesante) porque mediante Internet pueden difundirse no sólo escritos, sino imágenes y sonidos.

Tal vez las comunicaciones telemáticas, por esta vía, pueden asimilarse a las radiofónicas y televisivas. Pero aún así existe una sutil diferencia.

El uso del Internet en materia procesal penal genera varias interrogantes entre las que están el cómo manejar el asunto de la competencia territorial .

En el plano procesal el juzgamiento de los delitos es competente el juez por el lugar de la residencia de la persona ofendida , con lo que se introduciría un elemento de evidente discriminación no sólo respecto a la difamación a través de prensa, sino incluso respecto a la difamación televisiva o radiofónica "genérica" subordinada a las reglas ordinarias en materia de competencia territorial.

Existe una diversidad de consecuencias aplicativas y el interés práctico que se conecta con la cuestión de si Internet es , a efectos penales, asimilable a la prensa, o bien a la radio y a la televisión, o a ninguno de tales medios de comunicación.

Sólo en caso de respuesta positiva sería posible entender aplicable la agravante
La asimilación a la radio y televisión consentiría, por lo demás, entender competente al juez del lugar de residencia de la persona ofendida, al menos en las hipótesis en las que la difamación consista en la atribución de un hecho determinado.

Se trata, ciertamente, de consecuencias operativas de indudable relevancia.

POSICIONES DE MAGISTRADOS, JUECES.

Algunos magistrados pueden estar de acuerdo con que Internet integra la hipótesis agravada del artículo 132 del Código Penal ( cualquier otro medio de comunicación social.

Otros tendrán una respuesta decididamente negativa amparados en el principio de legalidad vigente en materia penal y de la interdicción de analogía in malam partem a él conexo.

Las diferencias técnicas impiden cualquier posibilidad de extensión analógica a Internet.

Prensa o impresos, para los fines de ley , son consideradas todas las reproducciones tipográficas o, de otra forma, obtenidas con medios mecánicos o físico-químicos, en cualquier modo destinados a la publicación.
No se refiere en modo alguno a las comunicaciones efectuadas vía Internet, ni mediante una interpretación extensiva, que de todos modos debe moverse en el ámbito del tenor literal posible de la norma.

Si se quiere equiparar el Internet a cualquier otro medio de comunicación social tendría que recurrirse a la aplicación analógica, fundamentada en la identidad de la ratio legis, prohibida en materia penal, pero basada en la profunda afinidad que las comunicaciones difamatorias vía Internet conllevan respecto a la comunicación a través de la prensa.
La confusión puede venir del lado en que Internet tiene como destino la difusión a un número indeterminado de personas y, de otro, el carácter de publicidad permanente y objetividad que, incluso en este caso, asume la ofensa, permaneciendo la comunicación denigratoria en el sitio web a disposición del público, ya que no es cancelada, con lo que puede ser fácilmente descargada al ordenador de cualquiera que se conecte al sitio web.

Análogas observaciones pueden efectuarse en materia de transmisiones televisivas o radiofónicas.

Al margen de las diferentes modalidades de transmisión, vía ondas en el caso de la radio o la televisión, o por cable (a través de la conexión telefónica y con el módem) en el caso de Internet, e incluso considerando la posibilidad de transmisiones televisivas a través del cable y telemáticas a través de satélite u ondas, en cualquier caso parecen mantenerse las diferencias técnicas, que impedirían cualquier posibilidad de extensión analógica a Internet.
Si bien se halla ausente una definición precisa de "transmisión radiotelevisiva" y la concreción del ámbito de aplicación de la relativa normativa es problemática –prescindiendo de las diferencias técnicas caracterizadoras de los diversos medios de comunicación– la palabra “servicio público “ o “servicio público esencial “ , a la cual se encuentran sometidas las transmisiones radiofónicas y televisivas , es lo que marca la diferencia con las comunicaciones en Internet.

La norma es que la difusión circular de programas radiofónicos vía aérea (ondas) o, a escala nacional, a través de hilo y de programas televisivos mediante ondas, o, a escala nacional, vía cable y con cualquier otro medio constituye servicio público esencial y con carácter de interés general, en cuanto viene a ampliar la participación de los ciudadanos y coadyuva al desarrollo social y cultural del país, de conformidad a los principios sancionados en la ley.

Este servicio es por lo tanto , competencia exclusiva del Estado.
La reserva competencial al Estado, justificada al menos originariamente sobre la base del presupuesto de la limitación de la banda de frecuencia disponible para la transmisión, conlleva que los sujetos privados puedan acceder sólo previa "concesión".

Internet es un medio de comunicación “democrático” e interactivo.
Internet es, en cambio, un medio de comunicación "democrático", básicamente porque está a disposición de cualquiera con recursos relativamente modestos, consintiendo además en una relación interactiva entre quienes transmiten y quienes reciben.

Los "periódicos telemáticos"

La extensión de la regulación penal en materia de difamación a través de prensa, radio o televisión al ámbito de Internet no puede considerarse una cuestión resuelta , salvo que se quiera aplicar la analogía in malam partem, prohibida en materia penal.

En cuanto a los llamados “periódicos telemáticos” y “ revistas telemáticas” , los cuales , recientemente, parecen haber logrado el registro por parte de algunos tribunales en el extranjero que , superando los obstáculos iniciales, orientan a conceder dicho registro incluso a periódicos de difusión "telemática"; resoluciones jurisprudenciales , ampliamente discutidas y cuestionadas porque se afirma que desde el punto de vista jurídico penal, el eventual registro del periódico telemático no debería mutar, de iure conditio, la normativa aplicable al delito de difamación cometido a través de la prensa.

Esta conclusión nace directamente vinculada al principio de taxatividad y la prohibición de analogía en mala parte, principios bastante peculiares y no solamente conectados a exigencias de certeza del derecho, sino basados por el contrario en razones de garantía en relación con el preciso equilibrio institucional entre los poderes del Estado.

Es cierto que una interpretación de estas características corre el riesgo de hacer perder coherencia al ordenamiento jurídico en su conjunto, puesto que acabaría por considerar como auténtico "periódico" la revista telemática a unos fines (por ejemplo, civiles y administrativos), pero no a otros (penales).
Es más, esta incoherencia podría, de iure condito, hacer dudar de la premisa interpretativa de la posible extensión "analógica" de las normas vigentes de carácter general (no penal) a Internet y, de iure condendo, ser asumida como motivo de intervención del legislador, dirigido a equiparar, en según qué condiciones, Internet a los otros medios de comunicaciones de masa.
Consumación del delito de difamación y estructura típica

Otro problema suscitado de modo casi dramático con la aparición de Internet es el relativo al locus comissi delicti, y que se manifiesta de modo especial en materia de jurisdicción aplicable; cuestión de difícil solución y que presupone una previa toma de decisión sobre problemas de más amplio calado, como la estructura y la consumación del delito, a su vez directamente parejo al problema de la individualización del bien jurídico protegido.

En términos generales y desde el punto de vista empírico puede afirmarse que el ataque al honor o la reputación de una persona conlleva el empleo por el agente de cualquier medio expresivo (palabra, escrito, dibujo, sonido, gesto, etc.), destinado a su recepción por otro, sea éste el destinatario de la agresión o un tercero.

Normalmente esta situación da lugar a una serie de fenómenos sucesivos, causalmente ligados entre sí y que conducen, desde la conducta del agente y desde la mera posibilidad de percepción del contenido, hasta la efectiva percepción material, hasta la comprensión del significado y, en último término, hasta el sentimiento de humillación del ofendido (una vez ha tenido conocimiento si el vehículo de expresión empleado se dirigía inicialmente sólo a terceros).

La verificación en concreto de todos y cada uno de los extremos de la cadena o su interrupción en un punto concreto depende no sólo de la conducta del agente, sino incluso de toda una serie de circunstancias fácticas y ambientales y que caracterizan la situación en la que la acción se lleva a cabo (por ejemplo, inmediación espacial entre agente y destinatario de la comunicación, idoneidad del medio de comunicación, capacidad de los sujetos destinatarios, etc.).

En este punto está meridianamente claro que a efectos de consumación del delito puede exigirse la simple posibilidad de percepción, la efectiva percepción material o, incluso, la comprensión del significado lesivo del mensaje; sin embargo, por lo general, quedaría excluida la relevancia del sentimiento de humillación de la víctima, de incierta, si no imposible, verificación.

En efecto, la doctrina ha sostenido todas las opciones más arriba apuntadas.

Concretamente, en relación con el delito de difamación se ha precisado que, debiendo establecerse la comunicación "con más personas", es decir, al menos dos, el requisito necesario para la integración del delito (posibilidad de percepción, o efectiva percepción o comprensión) debe alcanzar al menos a dos personas, de modo que en el caso en que las comunicaciones se establezcan en tiempos distintos, el delito será consumado sólo en el momento y lugar de la segunda.

Según la doctrina tradicional, injuria y difamación se consuman con la simple manifestación de la expresión injuriosa o difamatoria ligada a la posibilidad de percepción, sin que sea necesaria la efectiva percepción del o de los destinatarios; consecuentemente, son considerados como delitos de mera actividad.

Desde otros planteamientos, se reconduce la consumación a la percepción de la ofensa o, más allá, a la efectiva comprensión de su significado denigratorio.[
Desde esta perspectiva , el delito no solo consiste en una mera acción sino también en un resultado naturalístico, aunque de carácter "inmaterial", en estrecha correlación con la naturaleza, igualmente inmaterial, del bien jurídico protegido.

La doctrina mayoritaria, en cambio, ha acogido sólo parcialmente esta última sugerencia, asumiendo que se trate de delitos de resultado peligro y no de resultado lesión, siendo pacífico que para la integración de estos delitos no es necesario que el sujeto pasivo se sienta en concreto humillado u ofendido.

Por lo tanto, en aquellos casos en que el delito se realice a través de Internet, la inmisión de los escritos o de las imágenes denigratorias "en la Red" no realizarían todavía completamente el delito, como tampoco en las hipótesis en que nadie visite el sitio web, supuestos ambos en que el hecho permanece aún en grado de tentativa, consumándose sólo en un segundo momento, es decir, cuando "los terceros, al conectarse al sitio web y percibir el mensaje, consientan la verificación del resultado".

Desde una óptica más general, parece evidente que la solución a la cuestión atinente a la estructura del delito y el momento consumativo se encuentra estrechamente ligada a la individualización del bien jurídico protegido, puesto que la norma se refiere expresamente a la lesión del honor y la reputación ajena.

Según la concepción fáctica, el honor se caracterizaría como un dato de la realidad que, desde el punto de vista subjetivo, podría definirse como la estima que el sujeto tiene de sí mismo o como el sentimiento que tiene del propio valor; y, sobre el plano objetivo, como la consideración pública que alcanza el individuo (reputación).
Situándonos en el ámbito de la concepción fáctica, parece claro que, si se asume como objeto de tutela prevalente el honor en sentido subjetivo, lo coherente sería reclamar para la consumación del delito no sólo la percepción material, sino incluso la efectiva comprensión de la ofensa en su significado lesivo, quedando el hecho a lo sumo en grado de tentativa de no verificarse dicho extremo.

Por el contrario, si se asume como núcleo de tutela el honor en sentido objetivo, es razonable contentarse con la simple posibilidad de percepción.

El honor en sentido "normativo", por su parte, también conduce a una pérdida de valor del elemento de la percepción por el destinatario o los destinatarios de la expresión o del mensaje denigratorio.

Se ha llevado a cabo un intento doctrinal original que, partiendo de la crítica a las nociones tradicionales de honor, meramente "normativas" o meramente "fácticas", y valorando el fundamento constitucional de la tutela penal, anclado en la garantía de la dignidad social para "el libre desarrollo de la personalidad" concluye en la individualización del honor como bien esencialmente personal, relacional, en la "relación de reconocimiento y respeto" debido entre las personas que viven en una comunidad en la cual todos los hombres son iguales.

Desarrollando estas premisas, la doctrina emanada con posterioridad se ha preocupado de individualizar el elemento requerido por la Ley para la consumación de los delitos de expresión, concretándolo en la "relación agresiva instaurada entre el agente y el sujeto pasivo", eventualmente también en la comunicación con terceros, y que constituiría una negación de la relación de reconocimiento y respeto tutelada por el Derecho y en todo caso debida al sujeto pasivo.

De ello deriva que el hecho típico, dibujado en términos puramente objetivos, no pueda entenderse agotado con la mera conducta del agente, la cual constituye sólo una de las dos caras, y puede comprenderse únicamente considerando "la proyección global intersubjetiva de la relación interdictada (en la comparación de la otra parte-sujeto pasivo y terceros)", incluso si su esencia "prescinde de la materialidad de un resultado causal".

El elemento de la percepción o conciencia de la comunicación ofensiva no destaca por sí mismo, en cuanto tal, es decir, como resultado en sentido naturalístico, sino sólo como elemento normalmente demostrativo del establecimiento de la "relación comunicativa" que determina la consumación del delito.
Las reflexiones anteriores hacen pensar que, con el cambio del medio de comunicación utilizado y, en particular, con el uso de un medio de comunicación dirigido no a sujetos previamente determinados, sino a un número indeterminado y potencialmente ilimitado de personas, la relación comunicativa puede instaurarse prescindiendo de una efectiva percepción por personas determinadas, tomándose en consideración "otras situaciones que presentan un significado jurídico equivalente y que se adaptan mejor a la específica naturaleza y a la peculiaridad técnica de las diversas modalidades de comunicación telemática vía Internet"

De este modo se introduce el problema de la consumación de la difamación cometida a través de Internet, que deberá afrontarse moviéndonos entre los resultados alcanzados –y suficientemente consolidados– en el ámbito de la difamación a través de prensa; porque, prescindiendo de la imposibilidad de extensión analógica, no puede negarse que bajo el prisma fenomenológico subsisten aún profundas afinidades.

Consumación de la difamación a través de la prensa y a través de Internet.

La consumación de la difamación a través de prensa sólo con la oferta al público se verifica la comunicación a una pluralidad indistinta de personas que típicamente se reconduce a la prensa (como medio físico de difusión) según sus características funcionales y a la cual el legislador necesariamente se ha referido en el momento de tipificar esta específica modalidad ejecutiva del delito.

A los fines de la consumación del delito es irrelevante la efectiva percepción de la noticia difamatoria por parte del público (más propiamente, al menos por dos personas), "siendo evidente que la circulación de una idea penalmente relevante a través de un medio cuya característica peculiar es, precisamente, la publicidad permanente y objetivada, idónea para alcanzar un circuito potencialmente ilimitado de destinatarios, excluye la necesidad de probar que alguno de ellos ha aprehendido realmente el contenido del mensaje: basta, pues, el peligro de que se verifique dicha posibilidad.

Lo que cuenta es, por lo tanto, la efectiva puesta a disposición del público de la noticia injuriosa, careciendo de importancia las ulteriores circunstancias de la concreta adquisición del periódico y de la lectura del artículo "delictivo" por los concretos consumidores.

Esta conclusión, plenamente compartible, introduce sin embargo una contradicción lógico-formal en aquella doctrina que concreta el resultado naturalístico en la efectiva percepción de la información por los destinatarios de la comunicación.

No parece posible, en efecto, que para la consumación del delito circunstanciado al que nos referimos sea necesario un quid minoris (esto es, la mera probabilidad de percepción, en lugar de la efectiva percepción) respecto a la consumación del tipo base, viniendo en caso contrario a extenderse los confines del ámbito de lo penalmente relevante en relación con un elemento puramente circunstancial que tiene un contenido de simple especialidad respecto al medio de expresión empleado.

La circunstancia, como elemento accidental, desarrolla la función de recortar una parte del tipo base en cuanto merecedora de diverso tratamiento, de modo que para que se realice el subtipo es necesario que se manifiesten todos los elementos del tipo base, así como un elemento ulterior expreso –el de la circunstancia–; de no ser así, quedaría en entredicho la premisa y entonces subsistiría la pregunta de si la efectiva percepción por parte de terceros constituye siempre y realmente el resultado del delito.

La incongruencia indicada se resuelve si se asume la "relación comunicativa" con el público como elemento constitutivo del hecho típico, pues, para la instauración de dicha "relación comunicativa" será necesaria –en función de la tipología del medio de comunicación– la efectiva percepción por, al menos, dos sujetos concretos cuando se trata de comunicaciones entre presentes o comunicaciones "directas" a una persona determinada, como el teléfono, cartas, correo electrónico, etc; o bien será necesaria la mera disponibilidad de la comunicación difamatoria a un público indeterminado de personas, como sucede con la radio, la prensa escrita, la televisión y, en general, todos los medios de comunicación sobre sujetos indeterminados, entre los cuales se encuentra Internet.

Desde esta perspectiva, la efectiva percepción no adquiere carácter de elemento constitutivo autónomo –resultado consumativo– del delito, sino que se revela como una suerte de "indicio efectivo" de que la expresión lesiva ha sido "directa" a la persona, requisito éste necesario para la integración del verdadero elemento constitutivo del delito (la relación comunicativa) que se adapta a las características de la específica modalidad de ejecución del delito (comunicación a persona determinada): así pues, es del todo comprensible que al mutar aquella modalidad pueda no tener relevancia jurídica autónoma.

En suma, "el modo concreto en que se manifiestan las relaciones sociales de comunicación entre las personas se adapta a las peculiaridades técnicas de las estructuras a través de las cuales se desarrollan, y que el Derecho, para poder regularlas correctamente, no puede no conocer adecuadamente".

En este punto parece claro que, analógicamente a los resultados obtenidos en materia de difamación a través de la prensa escrita, la injuria vertida a través de páginas web de Internet también puede entenderse plenamente integrada sobre la base únicamente de su "puesta a disposición en red, sobre un servidor conectado y abierto al acceso de una pluralidad indeterminada de usuarios" de modo que carece de importancia la concreta percepción del mensaje por los concretos usuarios de la página.

En tal caso, en efecto, a los fines de instauración de la "relación comunicativa", el destino natural del medio empleado sobre una pluralidad indeterminada y potencialmente ilimitada de personas excluye la necesidad de recepción y percepción efectiva por parte de los concretos usuarios.

Otro aspecto relativo a la estructura del tipo que requiere una cierta atención, dado que incide directamente sobre la consumación del delito, es el relativo a su posible naturaleza permanente.

La disponibilidad en red de las comunicaciones injuriosas presenta ciertamente un carácter temporal indudable, cuyo efecto consiste en mantener el delito de modo permanente tantas veces como páginas web que contienen la información ilícita estén en el ámbito de disponibilidad del responsable, de modo que pueda afirmarse que la permanencia de la situación ofensiva dependa del comportamiento voluntario del agente, en cuanto único sujeto legitimado para la interrupción del estado antijurídico introducido con la introducción en la Red de los datos ofensivos de la reputación ajena.

Para sostener la naturaleza permanente del delito pueden encontrarse análogos argumentos en relación con los momentos inicial y final de la conducta.
Puede, en efecto, dudarse fundadamente que sea suficiente para integrar el delito la simple puesta en red de una comunicación denigratoria instantánea, inmediatamente después cancelada
.
Exigencias de certeza o concreción de la lesión comúnmente aceptada incitan a reclamar, por el contrario, que la puesta a disposición al público perdure durante un lapso de tiempo apreciable, en ausencia del cual podría llegar a excluirse la realización del elemento esencial del delito, esto es, la relación comunicativa con el público (en este caso, los usuarios).

Las observaciones anteriores vendrían confirmadas por las fuertes analogías que la difamación en línea presenta con la difamación a través de la prensa escrita, cuando la publicación se lleve a cabo mediante exhibición o distribución de los periódicos.
La doctrina más autorizada ha sostenido, en efecto, que, puesto que la exposición "consiste en la exhibición del texto reproducido en lugares públicos o abiertos al público, no puede excluirse a priori la eventualidad de que la dilatación en el tiempo de la publicación dependa exclusivamente de la voluntad del responsable, como se verificaría, por ejemplo, en la hipótesis de un periódico tipo mural, a copia única, cuya exposición dure tanto como el responsable lo considere oportuno", de modo que en tales casos se califica el delito como permanente.

En este punto viene a colación la problemática de la determinación del locus comissi delicti, a la luz del cual se resolverá igualmente el problema de la jurisdicción.
Según la teoría de la ubicuidad se considera cometido el delito cuando la acción u omisión constitutiva del delito se lleva allí a cabo, en todo o en parte, o bien se verifica el resultado, consecuencia de la acción o la omisión.

Parece claro, pues, que la jurisdicción peruana puede ser fácilmente admitida, a la luz del criterio indicado, siempre que la puesta en red de los datos suceda en nuestro país o acaezcan allí actos de reproducción, memorización y retransmisión, aun cuando fueran meramente automáticos, vía servidores o nodos de transmisión físicamente ubicados en Italia.

Más complejos devienen, en cambio, los casos en Perú en que sólo se llevan a cabo los actos de percepción a través de la conexión al sitio web en que se contienen las comunicaciones ilícitas mantenidas en soportes informáticos colocados íntegramente en el extranjero, actos que son realizados por terceros destinatarios y no por el agente.

Allí donde se considere –como se ha visto más arriba– que el elemento cualificante del hecho típico lo constituye la puesta a disposición de los datos y su mantenimiento, como presupuesto para la instauración de la relación comunicativa esencial a los fines de realización del núcleo de injusto del delito, necesariamente deberá concluirse que el delito se comete contemporáneamente donde quiera que subsista un centro informático capaz de recibir el mensaje conectándose a la Red.

Puede haber una inevitable superposición e interferencia de las diversas leyes nacionales, con el consiguiente riesgo de multiplicación de condenas por el mismo hecho, no operando en sede internacional el principio ne bis in idem, lo que introduce la necesidad de una mayor coordinación internacional entre los diversos ordenamientos en cuanto a delitos con vocación típicamente transfronteriza, como lo son todos los cometidos a través de Internet
.

Conclusiones y perspectivas de reforma
Tal vez sea útil reformar la normatividad para adecuarla a los tiempos de Internet , tratando de llenar el salto abismal entre la realidad normativa y medios de comunicación modernos.

Se requiere introducir una figura nueva y autónoma de delito de difamación en el artículo 132° del Código Penal peruano .

Textualmente se menciona “ si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social …”
Se requiere enriquecer la norma con las nuevas modalidades de ejecución, respectivamente, de los "medios radiotelevisivos, telemáticos, audiovisuales o cualquier otro medio de difusión",

En síntesis, el delito de difamación “ por cualquier otro medio de comunicación social “ subsistiría si es cometido a través de los medios comúnmente aceptados como la radio y la televisión , pero no es subsumible las transmisiones informáticas o telemáticas o las comunicaciones vía Internet.

Una reforma del artículo 132° del Código Penal, in fine, trataría de agotar las posibles variantes de actuación en este tipo de comportamientos delictivos mediante una amplitud de tal calibre que conjure la rápida obsolescencia causada por la eventualidad de ulteriores tecnologías innovadoras y hoy desconocidas, pero con el riesgo de colisionar con el principio de taxatividad y la prohibición de analogía.
Los países ha partir de los años noventa han introducido o reformulado sus legislaciones creando o reformando los tipos penales dirigidos a controlar los nuevos comportamientos ilícitos, desarrolladas mediante el uso de sistemas informáticos y telemáticos.


Publicado por : Salvador Justo Palacios en EL JUSTICIABLE 2010

3 comentarios:

  1. ESTOY ES MUY IMPORTANTE YA QUE DEBEMOS HACER RESPETAR NUESTROS DERECHOS Y NADIE PUEDE NI DEBE ATENTAR CONTRA ELLOS.


    GRACIAS

    ResponderEliminar
  2. Hi, nice blog & good post. overall You have beautifully maintained it, you must submit your site for free in this website which really helps to increase your traffic. hope u have a wonderful day & awaiting for more new post. Keep Blogging!

    ResponderEliminar
  3. Buenos días, Si Laura escribe un comentario en el muro del facebook de Eduardo reclamándole que su esposa no le ha pagado una deuda por un servicio prestado que hizo su hermana de Laura, constituye delito de difamación agravada?? hay pruebas que este hecho es cierto ya q existe contratacion de servicios y forma de pago, además de documentos de la conciliacion que se dio posterior donde la esposa de Eduardo paga menos de lo que debio ser pero se cerro el tema acordando el monto...peor es nada.....espero respuesta. Gracias.

    ResponderEliminar

BIENVENIDO