sábado, 3 de julio de 2010

Normas Legales y Violacion de los Derechos Humanos en Peru

Normas Legales Y Violacion De Los Derechos Humanos En Peru


por: Pedro Alejandro Reyes Ramos


I.-INTRODUCCION



Un tema que resulta muy actual y bastante apasionante para los futuros abogados, estudiantes de derecho, que creen realmente que la vigencia de la ley ,de la Constitución, es la base de una sociedad civilizada, es el que refiere al respeto a los Derechos Humanos, su no violación.



Pero para quienes vivimos en países latinoamericanos, para los que hemos sido víctimas del atropello por parte del Estado y sus autoridades, nos es difícil creer en la vigencia del estado de derecho que tanto hablan los congresistas y políticos en sus aburridos discursos de plazuela, en vísperas de las elecciones generales.



Este trabajo mostrara como en el Perú se violan los derechos humanos de las personas, se interrumpe sus vidas, se las destruye y no hay sanción para los funcionarios públicos del estado peruano, que cometieron delitos de abuso de autoridad, no se restituye a todos sus derechos, solo a quienes tienen mucho dinero y por ello el poder suficiente, para hacer prevalecer sus derechos en Cortes Internacionales.



II.-FORMAS DE VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS



El Abuso de Autoridad, es una de las formas sistemáticas de violación de derechos humanos en el Perú.



Muchos dirán que no es cierto, que en el Perú, se respetan los derechos humanos, que el país ha cambiado, pero no es cierto y lo probare en este trabajo, que nos permitirá ver que es: “violación de los derechos humanos”.



Si el país hubiere cambiado se haría justicia para todos de igual modo, y se restituiría sus derechos a las personas que fueron privados de ellos, de manera abusiva y violando el orden jurídico.


La página Web del Poder Judicial de Perú dice:



Abuso de autoridad:


Def. 1: Arbitrariedad cometida en el ejercicio de atribuciones funcionales,


administrativas o jerárquicas al rehusar hacer, retardar o exceder la potestad atribuida a su cargo o función, perjudicando a los sometidos a su autoridad



El Código Penal de Perú establece sanciones para los funcionarios que cometen este delito, pero son tan pequeñas, que la mayoría se siente tentado a cometer arbitrariedades, si con ellas pueden destruir personas, instituciones privadas, ganar una coima por debajo de la mesa ofrecida por los enemigos de la victima.



III.EL CODIGO PENAL DE PERU



Dice el Código Penal de Perú:




1.-ABUSO DE AUTORIDAD. TIPO PENAL. 376. CP


Artículo 376°.


El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.


Cuando los hechos deriven de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años.



Como podemos ver, la sanción es mínima, no sufre prisión alguna el funcionario, así ud logre probar al juez la maldad cometida en su agravio, la trasgresión de la ley”.




IV.-ANÁLISIS DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD



1.-Bien jurídico


Concretamente es la legalidad del acto oficial la que se afecta. Se busca que los funcionarios públicos investidos de autoridad ejerzan sus atribuciones o competencias sin vulnerar los derechos de los particulares.


De lo que se trata es de preservar la regularidad del funcionamiento de la administración pública, la legalidad de los actos administrativos.



Siguiendo a Núñez, Fernando Ángeles Gonzáles, Manuel Frisancho Aparicio.Codigo penal comentado. VII. Ediciones Juridicas.lima .1998. p.3208, señala que las infracciones que prevé esta sección representan una lesión a la


administración pública, por que implican un arbitrario ejercicio de la función pública, al margen de las constituciones, leyes o deberes que la rigen.




Al proteger así de forma genérica el art. 376 al normal desarrollo de la administración pública y de forma específica la legalidad del acto funcional del funcionario en ejercicio, se está brindando, por efecto concomitante, protección a las personas perjudicadas.Se trata entonces, como nos lo recuerda Manzini, de una doble garantía: del Estado y de los particulares frente a los funcionarios públicos. Rojas Vargas, Fidel.Delitos contra la administración publica. Grijley. Lima.1999.p.90



La razón de ser de la inclusión de un tipo penal tan amplio (y por ello de dudosa constitucionalidad) parece radicar en el deseo de evitar vacíos. A través de este abuso innominado el legislador pretende abarcar aquellos casos que no pueden ser comprendidos por los tipos de "abuso específico" (concusión, exacciones, peculado,etc.).



Por eso se afirma, también, que este tipo de "abuso innominado" solamente tendría aplicación supletoria: cuando los otros supuestos de abusos de autoridad específicos no sean aplicables. Abanto Vásquez, Abanto. Los delitos contra la administración publica en el código penal peruano. Palestra.2001.p.180.


2.- Tipo objetivo


2.1.- Sujeto activo


Solo pueden ser los funcionarios públicos.


Los particulares son participes o cómplices.


Para que se realice el tipo, el funcionario infractor debe obrar en el ámbito de sus funciones.


Para Manuel Abanto Vásquez, si el funcionario comete funciones que no le competen estaríamos ante el supuesto de usurpación de funciones, se trata del mal empleo de la autoridad que la función que ejerce otorga al funcionario. Abanto. p.184


2.2.- Sujeto pasivo


Es mayoritaria la afirmación de identificar como sujeto pasivo al Estado quien, por medio de la administración pública, se constituye en el titular de la regularidad y legalidad de los actos funcionariales. Pero, también, cabe rescatar la condición de agraviados en los particulares que resulten perjudicados por el acto arbitrario contra sus derechos individuales (por ello la mención «en perjuicio de alguien»), sin embargo no es recomendable brindarle la calidad de sujeto pasivo directo, como algunos pretenden justificar, ya que no son titulares del bien jurídico primario, lo cual generaría confusiones conceptuales entre sujeto pasivo y víctima. No es pacífica en la jurisprudencia la identificación del sujeto pasivo del delito. Mientras ciertos fallos atribuyen dicha condición al Estado, otros lo aprecian en el particular titular del derecho


perjudicado. García Navarro. Edgard. El delito de abuso de autoridad. Grijley.2007. p.59-60.




2.3.- Acción típica


La acción típica consiste en abusar de las atribuciones públicas, cometiendo u


ordenando, en perjuicio del alguien, un acto arbitrario cualquiera.


La ilegitimidad propia de un "abuso" consiste en:


a).-El uso de facultades prohibidas específicamente o no con cedidas a ningún


funcionario (p. ej. detención ilegal; funcionario del Registro Civil que obliga a casarse a quien no quiere).


b).-El uso de facultades concedidas por la ley, pero ejercidas arbitrariamente por no darse los supuestos de hecho para su ejercicio (p. ej. policía que detiene más tiempo del necesario a personas acusadas de terrorismo o narcotráfico).


Acto arbitrario es cualquier acto administrativo contrario a la ley. Se logra el acto arbitraio cuando el funcionario supera los parámetros de riesgos de su función regulados por la ley.



Siguiendo a García Navarro. p.103-104, podemos afirmar que la conducta operada se adecua al riesgo no permitido de función y es potencial de generar perjuicio y convertirse a la irregularidad, satisfaciéndose la imputación objetiva de la conducta.



Ese aumento de riesgo de función no es más que la extralimitación funcionaríal en cualquiera de sus dos variantes.



Por ejemplo, el agregado de actos en reemplazo de los exigidos por la ley, como extralimitación por exceso de competencia, genera el aumento de riesgo de función, pues dicho desbordamiento de atribuciones es el de los parámetros del riesgo de función, del que se exigía objetivamente que el agente cumpla con realizar todos los elementos para lograr un acto de función legítimo.



El parámetro de riesgo de la norma precisa de elementos objetivos desprovistos de calidad arbitraria, por lo que el agente nos los acoge -en todo o en parte-, y los reemplaza por otros, excediéndose del parámetro de riesgo.



Es un tipo de comisión El acto se opone a las leyes.



En cuanto “al perjuicio para alguien”, esta es una particularidad del C.P. peruano que parece convertir en tipo de resultado a un delito que usualmente es considerado como de "mera actividad". Y lo haría rompiendo con el concepto de bien jurídico arriba señalado, pues si éste es el funcionamiento de la administración pública, no debería interesar un resultado distinto cuando dicho funcionamiento ya ha sido afectado, máxime si el resultado estaría vinculado a un interés del particular. Abanto. p.188


Pero el elemento típico no tiene por qué ser entendido como un perjuicio patrimonial, sino como la posibilidad de cualquier menoscabo en intereses y derechos de cualquier persona ("alguien") distinta del propio funcionario. Así las cosas, lo usual en la práctica será que casi todos los actos abusivos dirigidos contra personas tenderán a causar algún perjuicio a alguien. Además debe haber una relación entre el acto arbitrario y el "perjuicio para alguien": el acto debe ser realizado precisamente para perjudicar a una persona concreta. Abanto. 189




Es posible, sin embargo, que se den actos abusivos sin este "perjuicio", sobre todo cuando el abuso no se dirige específicamente contra alguna persona. Estos casos no son típicos del "abuso de autoridad". Igualmente no son casos de "abuso de autoridad" aquellos casos en los que la actividad concreta y el perjuicio causado formen parte de otros tipos penales específicos: p. ej. exacciones ilegales, cohecho, peculado, etc. Abanto.189




De manera distinta, Fidel Rojas, quien entiende el perjuicio como un resultado en el sentido de "lesión o menoscabo a los intereses de otra persona" (1a ed., p. 98), pero solamente exige su producción efectiva en la modalidad de "cometer" y no lo exige en la de "ordenar" (1a ed., p. 99).




En su última edición, en cambio, parece sugerir que la consumación para ambas modalidades se da con la ejecución de la orden y la producción del perjuicio, pero en la modalidad de "ordenar" solamente habría imputación para el que dio la orden y no para los terceros que la ejecutaron; 2a ed., p. 126 y s.; con ello en realidad, desaparece la diferencia entre ambas modalidades, pues la de "ordenar" ya estaría comprendida por la de "cometer" (en ambos casos es imputable el autor de la orden) y no hay un diferente trato en el tipo para ambas modalidades; la interpretación de Fidel Rojas parece más bien tratar, innecesariamente, el caso del "ordenar" como una "autoría mediata" (con


ejecutantes impunes) mientras que recién el "cometer" sería aplicable para los


ejecutantes de la orden. Francia entiende que el tipo penal exige la "causación" de un perjuicio económico o físico; p. 166, col. izq. Abanto. p.189



Nosotros creemos que se debe causar un perjuicio. De lo contrario, no se realizará el tipo.


3.- Tipo subjetivo


La conducta del agente esta cualificada por el dolo directo, ya que la voluntad esta dirigida a causar perjuicio. Se excluye el dolo eventual.



4.- Consumación


Se consuma con la comisión de un acto arbitrario por parte del agente. (delito de resultado), se admite la tentativa. El caso de un policía que es sorprendido tratando de colocar en el acta de incautación elementos que no estaban en posesión del detenido.



Siendo un tipo penal alternativo, también se consuma cuando éste da la orden para que el acto arbitrario se realice en perjuicio de alguien. (delito de peligro). Aquí no es necesaria que la orden sea cumplida. En este extremo del radio del tipo no se admite la tentativa.



Francia señala que para efectos de la tipicidad la orden debe cumplirse. Siguiendo a Abanto creemos que este extremo es un tipo de mera actividad. Abanto. p. 185



Es posible el error de tipo, cuando el desconocimiento recaiga en uno de los elementos del tipo



Se discute las causas de justificación, habría que determinar los casos concretos. Si la ley es claramente inconstitucional no cabe la obediencia debida. Abanto, p.193



5.-Concurso


Es un tipo penal remanente. Aplicable cuando el abuso no es el medio de comisión de otro delito. Ej. Peculado.


Si se realiza el injusto con otros delitos comunes, daños, lesiones, etc., se aplicara la agravante del Art.46-A.



6.-Agravante


Cuando los hechos deriven de un procedimiento de cobranza coactiva



7.-Agravante genérica. Art.376-A


Con la inclusión del art. 376-A, el legislador señala una agravante genérica, en la cual se consuma cuando se condiciona la distribución de bienes correspondientes a programas públicos y sociales con la finalidad de obtener ventaja política o electoral.


Sostenemos que es una agravante genérica, por que en puridad de concepto son auténticos elementos típicos, encontrándose algunas de ellas en la parte especial, jugando el papel de circunstancias agravantes específicas o cualificativas


,




8.-Jurisprudencia


Exp.3436-96-EJ.-Prov. de Lambayeque


"El delito de abuso de autoridad requiere de un acto arbitrario y de un perjuicio para alguien; si no se acreditan dichos presupuestos cabe la absolución. En el presente caso al no haberse acreditado la arbitrariedad del acto de asignación en el número de horas académicas a la docente, procede absolver a la procesada".



En el Perú hay numerosísimos casos de violación de los derechos humanos por parte del estado, personas que fueron agraviadas por Funcionarios Públicos que cometieron actos arbitrarios contra ellas y les ocasionaron perjuicio.



Muchos de estos actos se han perpetrado con el apoyo, con el respaldo de la Policía Nacional del Perú, que pese a las denuncias penales presentadas con pruebas indubitables, solían hacer “un parte”, mas no un “Atestado Policial” y denunciar a los funcionarios públicos involucrados.



En Perú cuando ud denuncia a una autoridad ante la Fiscalia Penal, esta deriva la investigación a la Policía Nacional y esta instancia, para hacer valer la ley le pide a ud dinero. Si no lo tiene y la parte denunciada le ofrece alguna prebenda por debajo de la mesa, su denuncia caerá en saco roto. Se elaborara “un parte” y la Fiscalia Penal la archivara.



Así es como se libran de ser procesados todos los días cientos de funcionarios, que cometen el delito de abuso de autoridad. Incluso, si la autoridad denunciada, tiene en su capacidad dar trabajo en su entidad, recomendar, ud ya tiene todo perdido porque no faltara un magistrado corrupto, que salvara de la sanción penal al mal funcionario, acogiendo de este, un Recurso de Excepción de Naturaleza de Acción….



Estos recursos, son los mas empleados por autoridades que cometen estos delitos, luego de un acuerdo bajo la mesa con algún vocal coimero, para decir, que el funcionario solo cumplía sus deberes, ineludibles.


Téngase en cuenta que en el Perú la justicia penal es gratuita en el papel, porque si ud es victima de abuso de autoridad, deberá enjuiciar al maleante de la administración publica, pagando por años un abogado que se ira arreglando su casa, con su dinero, que le pedirá no menos de 500 soles por acompañarlo a una diligencia, despojándolo así de todo su dinero en solo dos meses.



Los abogados de oficio en Perú, que dicen son para los que no tienen dinero para ser patrocinados por un letrado, son individuos parcializados, ya que su patrón es el estado, y no peleara contra quien le da de comer”. Hará un show mediático, caminando con ud, pero siempre en todo lo que diga la parte contraria concordara con ella y tratara de convencerlo a ud, de desistir de su denuncia….”.



Un juicio penal en Perú para una primera sentencia demora no menos de tres años, en el ínterin ud terminara quebrado, sin dinero, sin trabajo, y no le sorprenda que el juzgado declare inocente al denunciado, porque ud no adjunto algunas pruebas, por fallas procesales, por vicios en el procedimiento, etc.



El asunto de fondo es que la persona agraviada, sufrirá: perdida de su patrimonio, de su actividad laboral, y no encontrara justicia y aunque lo lograse, la sanción para el funcionario, no será de más de dos años, por lo que este saldrá riéndose. Podrá apelar la sentencia, pasara asegunda instancia, es decir ud pasara largos años casi 12, para alcanzar justicia, si la encuentra.


V.-PERU MENCIONADO ENTRE LOS PAISES VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS




Rainer Huhle del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg. Señala que:


En los últimos años se han multiplicado los comentarios, pronunciamientos, llamados y observaciones, por parte de los organismos internacionales responsables de la vigilancia de los derechos humanos, que hacen mención no sólo de los actos de gobiernos sino también de grupos no-estatales que utilizan la violencia en la persecución de sus metas políticas. En algunos casos, esto ocurrió a pedido expreso de gobiernos que fueron objeto de graves acusaciones de violación de derechos humanos. Podemos mencionar, entre otros, los casos de Sri Lanka, Kenia, Liberia, Namibia, Kampuchea, Colombia, Perú y El Salvador. El hecho que, de tal manera, se pareció poner en un mismo plano la acción de gobiernos y de grupos no-estatales causa alerta entre las organizaciones que, con mucha dedicación y compromiso, se vienen preocupando del respeto por los derechos humanos en el mundo.



El Perú estaba en la lista de los países que violaban los derechos humanos, sin ningún problema, llevado del poco respeto que tenia a la vida humana, a los derechos de la persona humana.



Para violar los derechos humanos de las personas no es necesario asesinarlas, torturarlas, se puede hacer con: persecuciones políticas, privándolos de sus derechos patrimoniales, empresariales, impidiendo su libertad para elegir su lugar de residencia, privándolos de su derecho a trabajar libremente con sujeción a la ley, etc.


VI ¿QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS?



Los derechos humanos son hoy mucho más que un mero ideal de la humanidad. Son un amplio cuerpo de leyes que obligan a los Estados. Su fuente más importante es, sin lugar a dudas. la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual sin embargo no tiene fuerza obligatoria, tratándose de una Declaración y no de un Tratado. El espíritu de la Declaración Universal se ha transmitido, de otro lado, a una serie de convenios y pactos de la comunidad de los Estados participantes de la ONU, tal como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención contra la Tortura de 1984 y muchos más, que sí son tratados internacionales que obligan a los Estados ratificadores a cumplir con ellos.


A nivel nacional, la mayoría de las constituciones, comenzando con la de EE.UU de 1776, contiene un catálogo de los derechos fundamentales e inalienables de los ciudadanos y las ciudadanas. Los derechos penal y administrativo, normalmente traducen estos principios de las constituciones en normas concretas para garantizar a los ciudadanos el goce de sus derechos fundamentales y para definir sus límites de manera transparente e inequívoca.


Los tratados internacionales son pactos entre gobiernos, tal como la misma ONU es una organización de Estados. Por lo tanto, los sujetos obligados por los pactos internacionales de derechos humanos son los Estados, no las personas ni organizaciones privadas. El derecho internacional, por su misma naturaleza, es un derecho de Estados. Desde esta perspectiva queda claro que también el derecho internacional de DD.HH. es un derecho pertinente exclusivamente a los Estados.


El derecho constitucional norma el funcionamiento del Estado a nivel nacional. Fija las relaciones entre ciudadanos y Estado. El núcleo de cada Constitución democrática es, en consecuencia, un catálogo de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos que el Estado debe respetar. Aquí también, el que es llamado a cumplir con los derechos humanos, es el Estado. Tiene que adecuar todo su sistema legal, y por supuesto su comportamiento real, a un respeto cabal de los DDHH.


Si de tal manera los derechos humanos, a nivel internacional y nacional son ligados al derecho de los Estados, no es de sorprender que existe casi unanimidad entre los juristas de todo el mundo que los DD.HH. son esencialmente una normación de los derechos de las personas frente a los Estados y que son estos los responsables exclusivos para cumplir con ellos y vigilar su respeto. En este sentido existe una relación de derechos y obligaciones "unidireccional" entre el Estado y los ciudadanos, usando un término de Javier Ciurlizza. Visto el Estado como único legítimo representante del bien común, es él el único garante de los derechos de sus ciudadanos, y por lo tanto el único que puede ser requerido en caso de violacion de estos derechos.


Desde esta perspectiva, el término "violación de derechos humanos" no se aplica a una determinada clase de actos atroces, tal como la tortura, la desaparición forzada o el asesinato, sino, con todo rigor, a la comisión de estos actos por el Estado o sus agentes. Algunos teóricos de las organizaciones no-gubernamentales de DD.HH. en América Latina son enfáticos en insistir en esta diferencia elemental entre lo que es un delito (cometido por personas particulares) y una violación de derechos humanos (cometida por el Estado). Rechazando las posiciones de su gobierno, contrarias a esta diferencia, los autores de la "Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz" de Colombia sostienen:


"En todo este tratamiento del delito, el Estado conserva su carácter de UNICO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS (es decir, de los derechos iguales de todos los asociados, referidos a una misma estructura jurídica), principio en el que se funda su más radical legitimidad. Por ello mismo, el Estado es el UNICO EVENTUAL VIOLADOR de tales derechos. Las demás transgresiones a las normas necesarias de convivencia ciudadana, que pueden ser consideradas en el lenguaje común como violaciones de los derechos humanos', ya en el campo jurídico tienen que tipificarse con otras categorías, con el fin de evitar la confusión sobre quién es el responsable de garantizarlos, y con el fin, también, de evitar consagrar la desigualdad en dicha garantía."


De hecho, todo el sistema de derecho internacional se basa en este principio de que los Estados son los responsables por salvaguardar los DD.HH. Lo constató también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un documento que busca caminos de cómo la Comisión podría dar más atención a los grupos armados no-estatales como causantes de atropellos al goce de los derechos humanos de los ciudadanos en los países donde actúan. Dice la CIDH:


"Todo el sistema de protección de los derechos humanos está diseñado en función del reconocimiento del Estado como sujeto de la relación jurídica básica en materia de DD.HH. y es contra él que se presentan las denuncias por violación de los derechos reconocidos en la Convención."


El Estado a raíz de su legitimidad mayor adquiere también una responsabilidad mayor por los derechos humanos. A la luz de estas reflexiones se revelan como absurdas las afirmaciones del Procurador General de Colombia en su segundo Informe sobre DD.HH. cuando dice que:"...el Estado, a pesar de su mayor fuerza militar, es entre los actores armados, el único con una legitimidad fuera de duda, por cuanto es el que menos viola los DD.HH".


¿Cuales serían las consecuencias si se desviara de este principio "vertical" (Ciurlizza) de la responsabilidad por los derechos humanos? En la respuesta a esta pregunta, también, los autores de la "Comisión Intercongregacional de


Justicia y Paz" colombiana son drásticos. Si se aceptara una responsabilidad de actores ajenos al gobierno por presuntas violaciones de derechos humanos, tendríamos que aceptar también una fuerza distinta de la del Estado para garantizarlos.


"Se llegaría, entonces, a una especie de "Feudalismo Jurídico", donde los ciudadanos tendrían que buscar qué grupo les ofrece mejores garantías para proteger sus derechos humanos, y acogerse a su protección. A nadie se le oculta que de allí se seguiría necesariamente la desigualdad de los ciudadanos ante la ley; la destrucción del Estado de Derecho; la desnaturalización misma del concepto de derechos humanos' y el rápido deslizamiento hacia la barbarie."


Si se enfatiza así el monopolio del Estado por la garantía - y también la violación - de los derechos humanos, es un paso consecuente el reponsabilizarlo también por todos los crímenes que se cometan contra los derechos humanos de sus ciudadanos. Estos crímenes, en el caso que se produzcan por parte de otras personas diferentes de los agentes del Estado, son delitos y no violaciones de derechos humanos según la definición ya explicitada, que parte de la responsabilidad del actor. Desde la óptica de la víctima, en cambio, el efecto de tales crímenes puede ser igual o peor que en el caso que los cometiera el Estado. Para las víctimas, esta distinción no tiene sentido. La única manera de reconciliar estas dos ópticas queda en imputarle al Estado también la responsabilidad por estos crímenes de lesa humanidad no cometidos, pero tampoco prevenidos o castigados por él. Se recurre, en esta argumentación consecuente, a la vulneración de los derechos humanos por omisión. La tortura, la desaparición etc. cometidos por un grupo terrorista son


así definidos como delito para los que los cometen, y a la vez como violación de DD.HH. por el Estado responsable del goce de sus ciudadanos de estos derechos, que no impidió o sancionó los crímenes. Lo pone con toda claridad el autor chileno Felipe Portales:


"Evidentemente que si el Estado, por omisión, no cumple con su función de restablecer el imperio del derecho, estaríamos también en presencia de una violación de derechos humanos. Pero el sujeto que la causaría sería siempre el propio Estado y no el particular que comete el delito que no es sancionado."



VII.-VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS EN PERU CASOS PRACTICOS



En el Perú se dan muchos casos terribles de violación de derechos humanos, empleando para este propósito normas derogadas, normas de menor jerarquía, normas obsoletas, como arma, para ignorar lo que normas superiores disponen para bien de los administrados, de los ciudadanos.



Así tenemos que cuando una persona extranjera en un país se la recibe y ella invierte, trabaja años y finalmente se establece, lo mas lógico es que ella quiera adquirir la nacionalidad, nacionalizarse.


Igualmente cualquier persona que desea trabajar, sin molestar al estado, pidiendo que le den trabajo, se decide por organizar la propia empresa y arriesgarse en algún negocio pequeño, alguna actividad que le permita generarse ingresos y así sostener a su familia.


En ambos casos las aspiraciones de las dos personas que usamos como ejemplo, son legítimas.


No solo son legítimas sus aspiraciones, sino que además están protegidas por la Constitución y las Leyes.


Pero ¿que ocurre cuando cualquiera de estas personas, luego de alcanzar sus propósitos, trabajar con sujeción estricta a la ley, de la noche a la mañana son despojadas , privadas, de sus derechos, con resoluciones ilegales expedidas por funcionarios públicos del ultimo nivel jerárquico, contrariando lo dispuesto por Funcionarios Públicos del mas alto nivel en el país, como es un Ministro?



En el Perú, nada.



Hans Kelsen nos enseña en su obra “La Teoría Pura del Derecho”, lo que es la jerarquía de las normas, nos explica que en los estados hay un conjunto de normas, pero que entre ellas hay unas que son menores y otras que son de mayores.



No todas las normas son iguales, ya que la que expide un Ministro, es de mayor jerarquía, que la que expide un Director, que esta bajo su autoridad.


Un Director es un subordinado de un Ministro y nada mas.se trata de un Funcionario Publico que no dirige el Sector, solo una dirección, de miles que hay.



Los funcionarios públicos no pueden disponer lo contrario a lo dispuesto por sus superiores, ni expedir resoluciones que agravien la Constitución Politica del Estado, que violen el estado de derecho, las leyes.



Una Resolución Directoral no es una Ley. La Ley la sanciona en Perú El Congreso, una Resolución Ministerial no la expide una Dirección Regional, la expide un Ministerio, un Ministro, alguien que pertenece al Poder Ejecutivo.


Para mejor ilustrar ofrecemos abajo una ilustración que nos muestra la Pirámide de Kelsen, un grafico que nos muestra de manera clara lo que es la Jerarquía de las Normas.


PIRAMIDE DE KELSEN- JERARQUIA DE NORMAS



En Perú como en cualquier parte del mundo civilizado existe la Jerarquía de Normas, para que se pueda definir que normas son de obligatorio cumplimiento, cuales prevalecen sobre otras.



En el grafico 1 podemos observar que una Resolución Directoral es una norma de menor jerarquía que la Ley, que un Decreto Supremo, que una Resolución Ministerial.



Un país que respeta los derechos humanos, la constitución y las leyes, no aplica a sus administrados, para privarlos de los derechos que le reconoce la Ley, una norma de menor jerarquía.



En Perú si se aplican normas de menor jerarquía, para desconocer lo que disponga una norma mayor.


Caso práctico 1:



Un ciudadano como Baruch Ivcher, para ser despojado de su Canal de Televisión, se le anulo la nacionalidad peruana, obtenida con Resolución Suprema No649 en 1984, con una simple Resolución Directoral No 117-97-IN expedida en Julio de 1997, del Director de Migraciones y Naturalización, el célebre coronel PNP, Víctor Huamán del Solar, en la que "se deja sin efecto el título de Nacionalidad Peruana" Tres años después el 2,000, la RM No 1432-2000 se la devolvió.




Caso Práctico 2



Una ciudadana Irene Huanín Rengifo propietaria de un Pronoesa Privado, que aplicaba “prueba de ubicación” a adultos que dejaron de estudiar dos o mas años”, conforme a lo dispuesto por la R.MNo016/96-ED, le clausuraron su centro educativo, aplicando una Resolución Directoral No1957/87-ED, que disponía en 1987, que solo centros educativos estatales podían aplicar esas pruebas.Se violaron los derechos humanos de la microempresaria con la RD. No04344/2002-CTAR-L-DREL-D del07.05.2002, firmada por el Director regional de Educación Belisario Guevara Rengifo y con el visado y aprobación, del Director de Asesoria Jurídica, Gestión Pedagógica, entre otros funcionarios públicos.


La ciudadana lo perdió todo, sus años de trabajo se fueron por el tacho. Jamás el estado peruano, le restituyo sus derechos, ni corrigió, enmendó, dejo sin efecto el atropello.


Cientos de estudiantes que se sometieron a pruebas de ubicación en 1997, 1998, 1999, 2000, cuyas Actas de Evaluación estaban ya archivadas en la DREL, visados por la DGP, les fueron anulados sus exámenes, perjudicando sus vidas, sus estudios en universidades, institutos, sin que hasta la fecha el Ministerio de Educación, diga absolutamente nada.


La responsable del atropello y violación de derechos humanos contra cientos de adultos de la región Loreto, fue la Especialista Martha Flora Romaní


Sánchez, estudiante de derecho de la Universidad Particular de Iquitos-UPI, quien sostenía que la RD No 1957/87-ED era de mayor jerarquía que la Resolución Ministerial 016/96-ED.


Se ignoraron los Informes Legales que el propio Ministerio de Educación dio señalando que el Pronoesa Antonio Raymondi podía y debió aplicar pruebas de ubicación a adultos, y se Clausuro Definitivamente, la institución educativa de la Sra. Irene Huanín Rengifo, en Iquitos, Región Loreto.


La R.M.No016/96-ED en el Numeral V, en el Punto 12 dice :

"Aquellos alumnos que dejaron de estudiar dos o mas años, se someteran a una prueba de ubicacion".

Sucesivas normas han ratificado lo dispuesto por la R.M.No016/96-ED, pero ni por eso se ha respetado la Ley, los derechos de los alumnos adultos, ni los de la promotora, asi es el Peru.


A los alumnos se les enviaba al domicilio de la promotora agraviada a que le reclamen devolución de dinero, al Director Administrativo la especialista Martha Flora Romaní Sánchez le hizo una demanda de Responsabilidad extracontractual que fue declarada infundad, por la Juez Quipusco.


Los Medios de Comunicación social, Radio Arpegio el más sintonizado en la época, no dijo una palabra sobre el atropello, pese a que ellos conocían, sabían que el Pronoesa Antonio Raymondi, había aplicado las pruebas de ubicación, al amparo de una norma de mayor jerarquía que la derogada, anacrónica RD No1957/87-ED, como es la R.M.No016/96-ED.


VIII.CONCLUSIONES



1.- En el Perú se constata que se violan los derechos humanos sin ningún problema aplicando normas de menor jerarquía, para privar de sus derechos a los ciudadanos.


2.- En Perú solo se desagravia, a personas con poder económico, importando muy poco los ciudadanos de modesta condición.


3.- En Perú las normas legales no significan nada, no se cumplen.


4.- Destruir la vida de las personas, violar sus derechos constitucionales, de manera deliberada, constituye violación de los derechos humanos.


5.- Las sanciones para los funcionarios públicos son ínfimas, son una suerte de blindaje, para que sus actos ilegales, queden impunes.


6.- No hay en Perú voluntad por parte del estado para sancionar, destituir a los malos funcionarios públicos que despachan en las Direcciones Regionales.


7.- En Perú cuando se quiere acabar con la vida de alguien que no goza de la aprobación de las autoridades de turno, se le sataniza, y luego se invocan, expiden normas contrarias a la Constitución y las leyes.


8.- De nada sirve en el Perú tener Informes Legales de las autoridades del sector que le sean favorables, no tienen ningún valor, son solo papel.


Sonria y sea feliz, no crea que las leyes se cumplen en el Peru


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Sobre el Autor


Instructor de Seguridad Privada,con registro en Ministerio del Interior de Peru, se desempeño desde muy joven como Supervisor en empresas de seguridad y asesoro y administro la seguridad de otras. Persona emprendedora fue Promotor de un Instituto de Capacitacion, Director Administrativo de un Programna No Escolarizado y Director Gerente de un Centro de Asesorias. Estudios universitarios de Derecho y numerosos Diplomados Universitarios en el Area de Administracion,Contabilidad y Seguridad. Actualmente se dedica a Educacion a Distancia, Diplomados Universitarios Pagina web : www.cursosadistanciaalvisegperu.ning.com

(Articuloz SC #1907756)


Fuente - http://www.articuloz.com/advertising-articulos/normas-legales-y-violacion-de-los-derechos-humanos-en-peru-1907756.html

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  1. Hola, Disculpa he leído tu blog, muy interesante por cierto, y he dado con el al buscar una tarea del colegio de derecho y al tomar de base tu información, la profesora me ha preguntado, si esa pirámide de kelsen que muestras, de donde es,me refiero en que país se usa esa jerarquía de ley, porque acá de donde soy, cambian varias cosas de la pirámide, espero me puedas ayudar ;)

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